En entrevista con InfoNegocios, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, subrayó la importancia del nuevo mecanismo: “Este decreto viene a formalizar una exigencia que ya estaba prevista en la ley, pero que no se cumplía. Ahora las empresas deberán cargar en el sistema las facturas que acrediten compras reales a la agricultura familiar. Antes, ni siquiera se rendía esa información”, explicó.
El ministro remarcó que, si bien la normativa ya exigía ese porcentaje mínimo de compra, los proveedores encontraban resquicios legales para postergar su cumplimiento, alegando que tenían todo el año para alcanzar ese 10%. Con la nueva disposición, las adquisiciones deberán registrarse mensualmente, lo que permitirá mayor control y trazabilidad.
“Se estaban burlando del espíritu de la ley. Lo que hacemos ahora es obligarlos a demostrar mes a mes que efectivamente están comprando de nuestros productores”, puntualizó Giménez. “Las gobernaciones solo podrán pagarles a las empresas proveedoras si estas cargan sus boletas de compra a la agricultura familiar en el sistema de la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas”, añadió.
Los productos contemplados incluyen hortalizas de hoja y de raíz, verduras de estación, miel, lácteos y otros alimentos que forman parte de la dieta escolar. Esta exigencia busca garantizar una alimentación más fresca y nutritiva a los estudiantes, además de impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales.
Resultados visibles y expansión de rubros
Según datos proveídos por el MAG, las compras directas a la agricultura familiar alcanzaron los G. 57.000 millones en 2022, frente a los G. 47.200 millones registrados en 2023. En lo que va de 2025, la cifra ya se sitúa en G. 16.565 millones. Además, la cantidad de eventos de comercialización (ferias agrícolas) pasó de 15.300 en 2023 a más de 23.000 en 2024, evidenciando un dinamismo creciente.
“La agricultura familiar es uno de los motores económicos del interior. Las ferias generan ingresos rápidos y seguros para nuestros productores, y este decreto refuerza aún más ese canal de ventas”, expresó el ministro.
Impacto económico y cumplimiento estricto
El nuevo decreto no solo implica un cambio administrativo, sino que también introduce un régimen de sanciones. La inobservancia de las disposiciones —específicamente, la compra obligatoria de productos a la agricultura familiar y a mipymes— será considerada como un incumplimiento contractual y podrá acarrear sanciones administrativas.
El Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, el MAG y el Ministerio de Industria y Comercio, podrá incrementar anualmente los porcentajes mínimos de compra por acto administrativo, abriendo la puerta a un mayor protagonismo de los pequeños productores en el mercado estatal.
“Con esto estamos generando una estructura sólida para que el productor tenga previsibilidad, sepa que va a vender y cobre a tiempo. Esto va más allá de una política social, es una estrategia de desarrollo económico nacional”, concluyó el ministro Giménez.
El decreto no solo institucionaliza una práctica deseable, sino que da garantías tanto al Estado como a los productores, cerrando la brecha entre la normativa y su cumplimiento real.
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