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Los fondos se destinarán prioritariamente a proyectos de infraestructura logística, tanto fluvial —con foco en la hidrovía Paraguay-Paraná y el desarrollo de astilleros— como terrestre, sectores considerados vitales para la competitividad económica. Además, se establecerán líneas de crédito dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de mejorar el entorno empresarial y generar empleo calificado.
El anuncio llega en un momento crítico para el MOPC. Para 2026, el presupuesto asignado a la cartera de Obras Públicas será de G. 6,9 billones (aproximadamente US$ 953 millones), lo que implica un recorte del 2,07% respecto al presupuesto inicial de 2025, que asciende a US$ 963 millones. Esta reducción limita la capacidad de inversión directa del ministerio, que además arrastra deudas con contratistas por más de US$ 150 millones, según denunció la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).
La ministra del MOPC, Claudia Centurión, manifestó públicamente su apoyo a incrementar la inversión en infraestructura, incluso aceptando un leve aumento del déficit fiscal, una postura que genera fricciones con la línea de austeridad del Ministerio de Economía. Desde Capaco, el presidente José Luis Heisecke respaldó a la ministra y advirtió que la acumulación de deudas amenaza con colapsar la cadena de pagos, afectando especialmente a las constructoras de menor escala.
“Hay muchas empresas que ya cerraron y otras que están evaluando terminar con sus operaciones. Para estas compañías, cobrar por las licitaciones que ganaron es fundamental”, comentó. Heisecke también señaló que hay empresas grandes que tienen más espalda para esperar los pagos correspondientes a trabajos con el Estado, pero la situación no siempre es la misma para las demás compañías.
El crédito del BID se enmarca en una estrategia gubernamental más amplia de captación de financiamiento externo para suplir la contracción del gasto público. Recientemente, el Banco Mundial aprobó otra línea de US$ 1.000 millones con objetivos similares. El sector de la construcción sostiene que se necesita una inversión mínima de US$ 1.000 millones anuales en infraestructura para impulsar la economía.
En líneas generales, conseguir una línea de crédito importante con intereses flexibles brinda un respiro a la gestión de Peña. Sin embargo, el incremento de la deuda es otra arista de la que el gobierno debe ocuparse, más aún si tiene el objetivo de llegar a la convergencia fiscal el año que viene.
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