¿Se subastan, alquilan o devuelven? Qué puede hacer Senabico con los autos y aeronaves de Miguel Vázquez y la casa vinculada a Peña

Una mansión en San Bernardino, tres estancias, tres aeronaves y alrededor de 30 vehículos, entre ellos autos de alta gama y de colección, forman parte de los bienes que están ingresando bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) en el marco de las investigaciones vinculadas al caso del extinto ueno bank. ¿Qué pasa con todo ese patrimonio mientras la Justicia determina su situación? ¿El Estado puede alquilarlo, utilizarlo o venderlo?

La administración de estos activos sigue un procedimiento y no significa que pasen automáticamente a ser propiedad del Estado. Su destino depende de lo que resuelva la Justicia. Mientras tanto, Senabico tiene la responsabilidad de conservarlos, mantenerlos y evitar que pierdan valor.

En conversación con InfoNegocios, Santiago Arza, vocero de la institución, explicó que cada bien debe atravesar un proceso de recepción que incluye un inventario y un relevamiento de sus características y detalles técnicos. Con esa información, se emite una resolución administrativa que establece cómo será gestionado.

En el marco de la investigación vinculada a ueno bank, la institución ya recibió vehículos de alta gama y de colección, aeronaves e inmuebles. A ese inventario se suman tres establecimientos rurales: dos en el departamento de San Pedro y uno en el Chaco.

La cantidad de vehículos también podría aumentar. Arza confirmó que, hasta el momento de la entrevista, Senabico había recibido 27 unidades y que otros cinco vehículos se encontraban en proceso de recepción durante la mañana del lunes. Por eso, el total podría rondar las 32 unidades una vez concluido ese procedimiento.

La lista podría seguir creciendo. Según el vocero, la causa continúa en desarrollo y los bienes se incorporan a medida que los agentes fiscales comunican los procedimientos y los ponen a disposición de Senabico.

No todo queda guardado: los bienes pueden generar ingresos

Una de las facultades de Senabico es procurar que los activos no permanezcan improductivos ni se deterioren durante el tiempo que dure el proceso judicial. Para ello, la Ley 5.876/17 contempla distintas herramientas, como contratos de arrendamiento, fideicomisos y cesiones de uso provisional a instituciones públicas.

Estas últimas tienen prioridad cuando se trata de organismos dedicados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Una vez atendida esa necesidad, los bienes también pueden cederse a otras entidades estatales, siempre que se garantice su conservación.

Pero ¿qué pasa si un inmueble se alquila o una empresa incautada continúa funcionando y genera ganancias? Arza explicó que los ingresos se registran y depositan en cuentas separadas, identificadas con cada bien.

"Estos van siendo depositados en una cuenta, digamos, apartada y bien discriminada a favor de ese bien que se mantiene y que está produciendo", detalló.

El destino de ese dinero depende de la resolución judicial. Si finalmente se dispone el comiso, los activos y sus rendimientos tendrán el destino establecido por la ley. En cambio, si la persona resulta absuelta y se ordena la devolución, se entrega el bien junto con la correspondiente rendición de cuentas sobre los ingresos que haya generado.

¿Se pueden vender los vehículos antes de que termine el juicio?

Sí. La venta anticipada es otra de las herramientas previstas en la legislación y apunta a evitar que determinados activos pierdan valor mientras se espera una sentencia definitiva.

El vocero mencionó especialmente el caso de los vehículos, cuya depreciación puede producirse simplemente por el paso del tiempo. También pueden existir bienes cuyo mantenimiento resulte demasiado costoso o que corran el riesgo de deteriorarse.

"Una de las salidas que tiene Senabico es la de la venta anticipada, que es la de vender en subasta los bienes que corren riesgo de depreciarse, de deteriorarse o de perderse o que tienen un costo de mantenimiento demasiado alto", explicó Arza.

El dinero obtenido no queda automáticamente en manos del Estado: se deposita en una cuenta separada hasta que la Justicia determine su destino. Si posteriormente corresponde devolver el patrimonio, se restituye el dinero obtenido por la venta, junto con los intereses generados durante el período de administración.

El costo de mantener un patrimonio millonario

La conservación también tiene un costo. Arza reconoció que determinados bienes pueden generar gastos importantes y que algunos se deprecian incluso sin que ocurra ningún incidente.

En ese sentido, explicó que Senabico cuenta con un fondo especial alimentado con el 20% de lo recaudado en las subastas de bienes comisados. Ese dinero no puede utilizarse para gastos corrientes, sino que está destinado exclusivamente al mantenimiento de los activos administrados, especialmente aquellos que no generan ingresos propios.

El caso del yate vinculado a la investigación también plantea esa discusión. Sin embargo, Arza aclaró que la embarcación todavía no se encuentra bajo la administración de Senabico, por lo que no corresponde atribuirle a la institución los gastos de su traslado.

El vocero señaló que la entidad ya administró embarcaciones de características similares en otros casos y que, eventualmente, un bien de este tipo podría cederse a una institución pública, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para garantizar su mantenimiento y conservación.

¿Puede la ciudadanía saber qué bienes están administrando?

La institución cuenta con una base de datos que registra el inventario, la causa judicial y las gestiones realizadas sobre cada activo. No obstante, el artículo 17 de la Ley 5.876/17 establece el carácter confidencial de esa información, considerando que se trata de bienes vinculados a procesos penales que todavía pueden no contar con una condena definitiva.

Esto no significa que toda la gestión sea inaccesible. Arza explicó que la ciudadanía puede solicitar información general, como la cantidad de vehículos, inmuebles u otros bienes que administra la institución, a través de los mecanismos de acceso a la información pública.

"Nosotros, como un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, no tenemos facultades ni investigativas ni jurisdiccionales", señaló Arza. Y concluyó: "No tomamos decisiones sobre los bienes más que sobre su administración y nada más".

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