Zulma Myriam Ferreira Servin, directora de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadi), describió los principales obstáculos que van desde la falta de condiciones básicas de accesibilidad hasta prejuicios sociales profundamente arraigados.
“Muchas veces las personas con discapacidad no pueden llegar hasta el final del proceso laboral por la falta de una buena infraestructura en la ciudad, falta de transporte, falta de veredas, por falta de mil cosas”, expresó Ferreira.
A ello se suma un estigma social persistente: “Todavía el gran tabú que existe es que las personas con discapacidad no son capaces”, lamentó. En muchos casos, su contratación se redujo históricamente a un mero cumplimiento formal de la ley, sin un enfoque real en su integración efectiva al entorno laboral.
Ferreira recordó que “Anteriormente la Secretaría de la Función Pública era un órgano autónomo y realizaban selecciones de perfiles específicos de acuerdo a las deficiencias y de acuerdo a las necesidades de las instituciones públicas, pero paró cuando se funcionó con el Ministerio de Finanzas y Economía, y se perdió esa fuerza que estaba teniendo la función pública para la inclusión de las personas con discapacidad, es más, ya casi no hay concurso y si hay concurso no lo incluyen a las personas con discapacidad”.
Este cambio estructural afectó la generación de oportunidades en el ámbito público, y también debilitó los mecanismos de control y exigencia legal sobre el cumplimiento de la cuota del 5%.
Otra barrera identificada por Ferreira es la falta de formación de las personas con discapacidad, pero aclara que esto no es culpa de las personas, sino consecuencia directa de la falta de accesibilidad en el sistema educativo.
“La falta de capacitación es más bien por la falta de acceso para llegar hasta las instituciones de educación”, dijo. Este círculo vicioso empieza en la infancia, con una educación primaria y secundaria que no garantiza condiciones inclusivas, y continúa en la adultez, cerrando puertas en la formación técnica y profesional.
Desde la Senadis, a través de las filiales de la Federación Nacional de Discapacidad (FENADI), están implementando programas de capacitación adaptados a la realidad local. “Se hace un estudio de mercado del lugar para ver cuál es la necesidad exactamente”, indicó Ferreira. El enfoque es práctico y territorial, como en el caso de Caaguazú, donde personas con discapacidad están siendo capacitadas en la creación de huertas, gallineros y elaboración de productos de limpieza, con apoyo municipal y del Ministerio de Agricultura.
“En el interior es mucho más difícil que trabajen en una empresa o que sean llamados a concurso en las instituciones públicas, por eso, el empoderamiento productivo y los emprendimientos se convierten en herramientas clave de inclusión en zonas rurales”, justificó.
Otra área crítica en el acceso al trabajo es el proceso mismo de selección, entrevistas y evaluación. Ferreira enfatizó la necesidad de ajustes razonables y personalizados en función del tipo de discapacidad.
“Para personas con discapacidad visual, los exámenes deben ser orales, ya que no todos manejan el sistema braille. Para quienes tienen discapacidad auditiva, es imprescindible contar con un intérprete de lengua de señas. Y en los casos de discapacidad física, el espacio físico debe ser completamente accesible. Las personas con discapacidad intelectual, por su parte, requieren que los materiales estén redactados en lenguaje sencillo, evitando tecnicismos. No se trata solo de dar la oportunidad, sino de garantizar las condiciones para que esa oportunidad sea realmente equitativa”, subrayó Ferreira.
En cuanto al ámbito privado desde la Senadis destacaron una mayor participación “Las empresas privadas cada vez están más concienciadas. Muchas de ellas no solo solicitan capacitaciones a Senadis, sino que también piden listas de personas aptas para determinados cargos y solicitan apoyo en las entrevistas” dijo.
Un motor clave para esta transformación es el concurso anual organizado por Senadis, en el que participan diversas empresas privadas, especialmente del departamento Central. Este evento promueve la inclusión, y genera una sana competencia entre las empresas por mejorar sus prácticas inclusivas.
En cuanto a las proyecciones a futuro Zulma manifestó, “nos gustaría que se vuelva a tomar con seriedad el cumplimiento del 5% en el sector público. Actualmente, la responsabilidad legal recae en el Viceministerio de Talento Humano, y aunque se iniciaron conversaciones, aún no hay una hoja de ruta clara”.
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