“La estructura de gastos y sus rigideces impiden convertir al presupuesto en una herramienta que beneficie a la gente. Cerca del 47% de los gastos van a salarios, mientras los gastos corrientes crecen al ritmo de la recaudación, y así los otros gastos más necesarios son postergados”, declaró.
Según Correa, existen programas o proyectos públicos que inciden en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, así como instituciones con buenos presupuestos, pero que no son eficientes en sus tareas y si desapareciesen, “toda la estructura seguiría funcionando con normalidad, luego de una serie de ajustes”, agregó.
En cuanto a cifras concretas, Correa dijo que hasta el 2018, de cada G. 100 que recaudaba el estado, G. 70 se destinaban para el pago de salarios y otros G. 6 iban al pago de intereses de la deuda pública. Los G. 24 restantes se repartían en gastos corrientes y en inversiones sociales o de capital.
Las cifras del 2020 demuestran que, de cada G. 100 recaudados, G. 80 irán en salarios públicos y otros G. 13 irán para el pago de intereses (de la deuda). “Esto hace que prácticamente no queden fondos para invertir en la gente”, afirmó.
“Desde el 2012, desde el aumento de más de 30% de los salarios otorgados por el Congreso Nacional, el presupuesto se ha vuelto más rígido. Pero tampoco desde ese entonces se ha planteado decididamente un esquema para revertir dicha situación”, expuso.
“Hay que esperar que la reforma del servicio civil traiga algo de esperanza en ese sentido”, indicó. Este proyecto de ley plantea mejorar la eficiencia de los servicios públicos e instalar un sistema de meritocracia en las instituciones públicas.
Para el 2021, el economista señaló que la mejora en la recaudación puede reducir esa rigidez del esquema actual. “Esto permitiría destinar más fondos a proyectos relevantes, aunque no habrá cambio estructural significativo”, expresó.
Para un cambio significativo “se necesitan varios años de ajustes en el gasto corriente”, consideró.
¿Algunas acciones concretas para salir de esto?
El primer paso es una decisión política firme, remarcó Correa. “Si no hay voluntad de los políticos y conciencia de la necesidad por parte de los administradores de turno, es prácticamente imposible revertir esta situación”, aseguró.
Si bien Correa consideró que existe voluntad política, por otro lado también aparecen señales contradictorias “con acciones como la creación de nuevos municipios, instituciones o ministerios, o la firma de contratos colectivos en las instituciones”, ejemplificó.
Luchar contra la burocracia para reducir la informalidad
“Se trabajó algo en esa línea, pero todavía es insuficiente”, reconoció. “La informalidad debería ser el pilar de las reformas. El menor uso del efectivo, el pago mediante herramientas tecnológicas, los incentivos fiscales para mipymes que adopten tecnologías de pago, la obligatoriedad de pagos salariales vía redes bancarias o billeteras electrónicas, pueden ayudar a disminuir la informalidad”, sostuvo.
Sobre cómo atraer al sector informal, que mueve más de US$ 16.000 millones según el último estudio de la organización PRO, el economista insistió que la palabra clave es “incentivo”, porque finalmente los consumidores son racionales y eligen aquellos productos que les convienen en términos monetarios.
“Si no se cambia ese escenario, es difícil que podamos reformar. En una encuesta reciente, cerca del 50% de los consumidores respondió que sigue comprando productos de contrabando porque es más barato y conveniente, además la gran mayoría consideraba que eso no afecta negativamente a la economía nacional”, apuntó.
Por lo cual Correa planteó la necesidad de instalar el concepto que cuando se compra lo nacional se “generan empleos, se pagan impuestos y se desarrolla el mercado interno”. Y, por otra parte, incentivar a que esos informales se pasen al sector formal por todos los beneficios o atractivos.
Tu opinión enriquece este artículo: