La Ley N°5098 de Responsabilidad Fiscal obliga al Ejecutivo y al Congreso a mantener el déficit en -1,5% en relación al PIB, sin embargo, el Ministerio de Hacienda adelantó el martes que presentarían un nuevo proyecto para que el indicador pueda ir al -4% el próximo año.
“Nuestra actual Ley de Responsabilidad Fiscal lo único que hace es expresar una voluntad porque con la propia Ley de Presupuesto ya se puede modificar. Lo que creo que puede ser útil es crear una regla de oro que excluya a la inversión del déficit. Establecer un límite en los gastos, menos en lo que respecta a inversión en infraestructura necesaria para el país”, apuntó Cabral.
Según el economista, en otros países de la región las leyes de responsabilidad fiscal entran en la categoría en la que se necesita la aprobación parlamentaria de dos tercios para modificarla y no solamente mayoría simple. Indicó que en el caso paraguayo esas figuras de ordenamiento jurídico no existen, por lo cual, algunas disposiciones pierden sentido, como es el caso de la actual la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“La Ley de Responsabilidad Fiscal no tiene sentido, el año pasado ya no se respetó, este año tampoco y será igual el próximo año. No cumple con su finalidad, que es conseguir estabilidad”, agregó. Asimismo, Cabral opinó que una regla de oro ya hubiese sido útil el año pasado para poner en marcha las Inversiones de Alto Impacto que ayudaron a contener la recesión técnica del primer semestre.
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Estructura del déficit de Paraguay
El martes pasado, el ministro de Hacienda, Benigno López presentó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), que en este caso será de G. 85,7 billones -US$ 12.084 millones- y es equivalente al 33% del PIB. López explicó que incluyeron un déficit fiscal de -1,5% como estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero aclaró que no se cumplirá porque este año cerrará con -7% del PIB de déficit.
Cabral recordó que el déficit fiscal de Paraguay comúnmente corresponde a gastos en infraestructura. “El año pasado cerramos con -2,9% aproximadamente y la inversión pública había sido un poco más del 3% del PIB”, subrayó.
¿Cómo evitar el déficit sin frenar las inversiones?
“La calidad de vida que tenemos en las ciudades es lamentable, hay que invertir en desagüe cloacal, transporte, calles. Está bien construir rutas, pero debemos disminuir la brecha de calidad de vida que existe entre Paraguay y otros países de la región”, argumentó. Además, Cabral señaló que el rendimiento económico de infraestructura vial tal vez pueda ser mayor, no obstante, a largo plazo invertir en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía lograría avances más significativos.
“La forma más barata de hacer una inversión es bajo los métodos tradicionales, licitación pública y posterior pago, la segunda más barata serían las alianzas público-privadas (APP) y luego está la modalidad llave en mano. No soy un fanático de las APP, pero es una alternativa para invertir sin generar déficit”, manifestó.
En el caso de los proyectos llave en mano –uno de los instrumentos más comentados por el Gobierno- el economista no le ve tantos beneficios.
Situación latinoamericana
Según la directora de estudios macroeconómicos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Adriana Arreaza, muchos procesos de consolidación fiscal en la región quedaron revertidos o frenaron a consecuencia del COVID-19. En enero de este año la CAF estimaba que el déficit regional sería un poco superior al -1% del PIB, sin embargo, en julio comunicaron que llegará al -7,5% del PIB.
Entretanto, Arreaza adelantó que cuando el déficit se modere en algunos países, aún tendrán stock de deuda en bajo nivel por el crecimiento del endeudamiento, que pasó de crecer en promedio 5,5% a 11% por las medidas de contención de la pandemia.
Arreaza ubicó a Paraguay, Chile y Perú como los países de la región que no contarán con problemas para acceder a deuda en lo que va del año. Cabe resaltar que el Gobierno ya comunicó la solicitud de un nuevo endeudamiento de US$ 350 millones para este año y para el PGN del próximo año solicitaron US$ 11.000 millones.
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