Fondear la reactivación bicicleteando la deuda externa: ¿estamos en tiempo y forma para hacerlo?

(Por Diego Díaz) El Estado se enfrenta a un dilema complejo porque con la Ley de Emergencia superó los niveles de endeudamiento sostenible y ahora necesita conseguir fondos para financiar la reactivación. Alternativas como la postergación de pago de deuda fueron rechazadas semanas atrás, entonces, consultamos qué salida se podría encontrar.

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La consultora Mentu en su informe diario Pulso Financiero indicó que Paraguay cerró el primer semestre del año con un endeudamiento de US$ 10.871,4 millones, 27% mayor a lo registrado al cierre del 2019 y en torno al 30,7% del PIB.

De esta manera, se supera el límite de prudencia dada la capacidad productiva y las recaudaciones. Este indicador aumentará en caso que se solicite al Congreso un nuevo endeudamiento por valor de US$ 350 millones, el cual ya fue anunciado por el Gobierno hace más de un mes, para financiar parte de la reactivación económica.

Hasta el momento, el plan de reactivación económica o institucionalmente conocido como Ñapu’a Paraguay no cuenta aún con los fondos suficientes para cubrir los US$ 2.513 millones, ni siquiera con el nuevo endeudamiento anunciado. Sin embargo, ya se presentaron algunas propuestas como, por ejemplo, la suspensión del pago de la deuda pública.

Si bien, la ley de Suspensión de Pago de la Deuda Pública fue rechazada el pasado 26 de junio, consultamos al economista Hugo Royg si era una buena alternativa optar por una medida similar y qué consecuencias tendría. “La señal de no pago de la deuda no es bien vista por las entidades financieras, ya sea la deuda de una familia, de una empresa o de un país. Los argumentos tienen que ser muy consistentes si no se quiere pagar”, expresó Royg.

El economista explicó que la ineficiencia en el gasto público es de 4% aproximadamente y ese factor, sumado a una solicitud de postergación de pago de deuda, sería interpretado por los acreedores como algo muy negativo.

Organismos multilaterales         

Según la plataforma Rindiendo Cuentas, poco más de US$ 71 millones fueron destinados de los recursos obtenidos mediante la Ley de Emergencia para el pago de administración y ejecución del servicio de la deuda pública, de los cuales US$ 38 millones ya fueron ejecutados. De esa ejecución, US$ 18 millones corresponden a los intereses por deuda externa bonificada, US$ 14 millones a interés de la deuda con organismos multilaterales y el resto fue a intereses de deuda externa varias, comisiones y otros gastos.

“Para solicitar una negociación sobre el pago de la deuda hay que emitir buenas señales, demostrar que se están invirtiendo bien los recursos y que se están tomando acciones acertadas para disminuir la ineficiencia y la corrupción”, advirtió Royg.

¿Cómo fondear la reactivación?

“El Equipo Económico Nacional no está conversando con todos los actores públicos y privados para ejecutar el plan de reactivación económica. La política económica post pandemia debe apuntar a compensar el impacto y a reorientar la economía hacia el modelo de desarrollo que queremos, que es un debate que no tuvimos aún”, argumentó. En complemento, Royg acotó que si es que estuviese claro el horizonte en lo que respecta al modelo de economía, la comunicación del Gobierno sería más fluida y constante.  

Por otro lado, consideró que no es viable utilizar recursos de la seguridad social -ni siquiera las propiedades en desuso- para financiar la reactivación, porque esos recursos están destinados a mejorar las jubilaciones, pensiones y no para darle liquidez al Estado.

“Toda acción del sector público para enfrentar la pandemia debe estar orientada a una reforma en la manera en que utilizamos los recursos del Estado. De lo contrario, repetiremos los mismos errores en el futuro”, finalizó.

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