Después de casi 25 años, el Poder Ejecutivo actualizó el decreto que reglamenta esta ley, con el objetivo fundamental de modernizar sus reglas y crear un entorno más dinámico y atractivo para la inversión privada. Según el comunicado oficial, la actualización busca potenciar la infraestructura y la provisión de servicios públicos, situando al sector privado como un aliado estratégico en el progreso del país.
Entre las innovaciones más destacadas de la nueva normativa se introduce el mecanismo de iniciativa privada. Esto, según la Presidencia, alinea los incentivos de los proponentes con los establecidos en la Ley de Alianza Público-Privada (APP), fortaleciendo el marco legal para fomentar una colaboración más fluida y eficiente entre el Estado y los inversionistas.
Ante este anuncio, el economista Jorge Garicoche, de la consultora Mentu, quien hace años realiza un seguimiento exhaustivo a la inversión en infraestructura, se mostró interesado por la medida. “Hacer una revisión de una normativa después de más de dos décadas siempre es interesante”, comentó, aunque fue sincero al aclarar que aún no había tenido oportunidad de analizar el texto completo del decreto.
Más allá del detalle jurídico, Garicoche valoró positivamente la intención de movilizar la participación del sector privado. El economista consideró que las alianzas público-privadas son una herramienta a la que “aún no le sacamos todo el jugo” en Paraguay. En este sentido, destacó específicamente el potencial de la iniciativa privada, un elemento que, a su juicio, el país debe aprender a aprovechar.
El especialista recordó que, hasta la fecha, Paraguay no logró concretar ningún proyecto bajo esta modalidad de iniciativa privada, a pesar de que varias ideas se plantearon a lo largo de los años. “En algún momento se habló de un ferry, en algún momento se habló de la hidrovía y algunos otros proyectos que se fueron caminando y que por algún motivo creo que quedaron por el camino”, señaló.
Garicoche es optimista al considerar que esta actualización normativa podría ser un elemento clave para reducir la brecha de infraestructura y agilizar los procesos de participación privada. No obstante, también llamó a ser realistas, advirtiendo que no todos los sectores u obras generan la rentabilidad suficiente para atraer al capital privado, el cual busca una contraprestación y ganancias financieras concretas.
Sin embargo, el economista identificó varios proyectos con alto potencial, como la concesión del aeropuerto, alianzas estratégicas para los activos de la ANNP, y los puertos de Vilar y Villeta. Asimismo, sugirió que algunas rutas, como la Ruta 3, la Ruta 6 o la supercarretera de Ciudad del Este, podrían ganar flujo vehicular hasta volverse rentables para la inversión privada, aliviando así la carga financiera del Estado.
La reglamentación de la ley de concesiones se presenta como una oportunidad para el país. Mientras el Gobierno la enmarca como la base para un nuevo impulso desarrollista, los expertos como Garicoche la ven con esperanza, pero subrayan que su éxito dependerá de la implementación efectiva y de la capacidad para materializar proyectos concretos.
Tu opinión enriquece este artículo: