El estudio, elaborado por la consultora Mentu y expuesto por su socio y economista Hugo Royg —también gerente técnico de ProDesarrollo—, pone sobre la mesa una problemática persistente que impacta directamente en la capacidad del Estado para funcionar, en la competitividad del sector privado y en los derechos de los trabajadores. Pero también apunta a las soluciones.
“El informe busca entender por qué persiste esta economía que opera en las sombras”, explicó Royg en entrevista con InfoNegocios. “No se trata solo de una señora que vende empanadas sin registrar. Hablamos de todo un sistema que elude normas laborales, tributarias, de habilitación o de seguridad social”.
Aunque el porcentaje de informalidad bajó levemente en relación con el PIB, el crecimiento de la economía nacional hace que, en términos absolutos, el volumen de transacciones informales haya aumentado. “Eso muestra que, si bien hay esfuerzos, todavía no son suficientes. Todas las otras dimensiones de informalidad siguen intactas. Por eso, la urgencia de una acción coordinada”, afirmó Royg.
Paraguay se ubica entre los países con mayor informalidad de Sudamérica, por encima de vecinos como Argentina, Brasil y Uruguay. Esta realidad plantea enormes desafíos para el desarrollo. Una economía informal no solo erosiona la recaudación estatal, también distorsiona la competencia, precariza el empleo y profundiza desigualdades.
El informe identifica que la informalidad se arraiga en factores estructurales como la pobreza, el autoempleo, el desempleo y hasta el crimen organizado, pero también en cuestiones más sutiles, como la cultura de la informalidad o los incentivos mal diseñados.
“El trámite para formalizarse sigue siendo largo, engorroso y costoso”, apuntó Royg. “Y si a eso sumamos un mercado donde se naturaliza tener trabajadores fuera del sistema, el resultado es una economía subterránea que se alimenta de sí misma”.
Entre las propuestas que surgen del estudio se destacan la facilitación de trámites para la inscripción en el RUC, el acompañamiento a las mipymes en procesos de formalización y la generación de incentivos basados en datos. “Necesitamos trazabilidad en las actividades económicas y financieras. Y eso se logra con información transparente y acceso público a los datos”, indicó.
Royg valoró la implementación del sistema Simple y Resimple (regímenes simplificados para pequeñas empresas, creados para facilitar la formalización y el cumplimiento tributario de los microemprendedores) como un paso en la dirección correcta, pero reconoció que todavía queda mucho por hacer. “El Estado debe asumir un rol activo, pero no lo puede hacer solo. Este es un problema multisectorial que requiere del compromiso de gremios, empresas, academia y sociedad civil”.
La presentación del informe se realizó el pasado miércoles (25 de junio) en la sede del Banco Itaú, con la participación de líderes gremiales de la UIP, CIP, CNCSP y ARP. La apertura estuvo a cargo de Sebastián Acha, director ejecutivo de ProDesarrollo, y el cierre institucional fue encabezado por Hugo Alonso, presidente de ProDesarrollo y ejecutivo de Cervepar.
“Combatir la informalidad es apostar por un país más justo, con más garantías y oportunidades”, afirmó Alonso. “Las empresas tenemos un rol clave y queremos ser parte activa de la solución”.
El mensaje de fondo es puntual: para que Paraguay crezca de manera sostenible, necesita que más actividades entren en el circuito formal. Y, para lograrlo, hace falta una alianza sólida entre todos los actores del desarrollo.
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