Más allá de las molestias cotidianas, el apagón encendió las alarmas sobre el costo económico que estos eventos tienen para el país, tanto para la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como para el sector productivo. El ingeniero e investigador Victorio Oxilia realizó un rápido cálculo de lo que significa para la empresa estatal dejar de facturar durante el lapso que duró la interrupción del servicio.
“En dos o tres horas, al dejar de facturar al 90% de su sistema, la ANDE pierde entre G. 3.000 y G. 4.000 millones”, explicó, y añadió que, aunque la cifra es significativa, las pérdidas a nivel de la población, desde un punto de vista económico más amplio, son considerablemente mayores. El impacto se sintió en toda la cadena productiva: las empresas que no cuentan con generador propio simplemente tuvieron que detener su producción, mientras que aquellas que sí poseen sistemas de respaldo debieron echar mano a una generación de energía mucho más cara, lo que inevitablemente incrementa sus costos operativos.
La causa inmediata del apagón, según lo comunicado por el ingeniero Félix Sosa, de la ANDE, fue el desprendimiento de un conductor en la estación Yguazú. Sin embargo, para Oxilia, esta explicación técnica es solo el punto de partida de las preguntas que deben responderse.
“La pregunta debe ser por qué se desprendió”, enfatizó el investigador, planteando una serie de interrogantes cruciales: “¿Fue una falla de diseño, una falla en la colocación del conductor o en los elementos que lo aseguran al resto del equipo, o hubo una falla en los materiales utilizados?”. Lo que hace más urgente encontrar respuestas es la reciente puesta en funcionamiento de esa infraestructura.
Según destacó Oxilia, la estación Yguazú es muy nueva, por lo que no se puede atribuir el incidente al desgaste natural ni a fenómenos meteorológicos que pudieran justificar la falla. Ante este panorama, el especialista subrayó que lo primero que debe realizar la ANDE es una investigación interna profunda para esclarecer las causas raíz del problema y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
El contexto de estas fallas resulta paradójico si se considera el volumen de inversión que manejó la institución recientemente. El año pasado, la ANDE ejecutó una inversión récord de aproximadamente US$ 350 millones, una cifra sin precedentes destinada a robustecer el sistema de transmisión y distribución. No obstante, Oxilia fue enfático al señalar que, a pesar de estos esfuerzos, aún faltan recursos significativos para seguir mejorando la red de distribución, que es la parte del sistema más sensible para el usuario final y donde se siguen presentando inconvenientes.
El investigador recordó que la ANDE cuenta con el Eccande, un esquema cuyo rol es monitorear la red del sistema interconectado y que, en caso de contingencias, debe buscar la mejor manera de responder a la situación. Sin embargo, en el apagón del miércoles, la solución implementada terminó afectando a la totalidad de los usuarios, lo que evidencia que los mecanismos de respuesta no operaron de manera óptima para segmentar y aislar la falla, limitando su impacto.
Quedó en evidencia, además, que hubo cortes en zonas que no correspondían al conductor que se desprendió inicialmente, lo que demuestra que el sistema sigue presentando fallas en su conjunto y requiere inversiones continuas. Oxilia planteó la necesidad de fiscalizar si las obras proyectadas se están ejecutando conforme a lo planeado, ya que, si bien el país no tiene problemas de generación de energía, no se puede descuidar la robustez del sistema de transmisión y distribución, especialmente cuando varias industrias dependen de la producción energética para su funcionamiento diario.
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