En conversación con InfoNegocios, la especialista tributaria Lilian Torres, al frente del grupo Resistencia Contable, explicó que la resolución no cambia los Estados Financieros en sí, sino la ampliación de información declarativa e informativa sobre utilidades acumuladas, reservas legales y estatutarias, así como otros destinos de las utilidades.
“Dentro de las reservas se encuentran la mayor parte de los conceptos que los estatutos de las sociedades anónimas contempla, como la reserva legal, que según la Ley 34 corresponde al 5% de la utilidad líquida hasta llegar al 20% del capital, y las reservas estatutarias o facultativas”, detalló Torres. La especialista agregó que esta información también permite identificar qué utilidades se distribuirán y cuáles se capitalizarán, evitando inconsistencias y prácticas que puedan derivar en elusión del pago del impuesto.
Torres señaló, basándose en las declaraciones del Director de la DNIT, que esta medida implica una carga retroactiva, ya que se exige a los contribuyentes presentar la conciliación de utilidades acumuladas desde el año 2020 en adelante. Explicó que esto obliga a retomar ejercicios contables anteriores, revisar ajustes de auditorías externas y documentar rigurosamente toda distribución de utilidades de los últimos cinco años.
Asimismo, subrayó que la Resolución N° 49/26 se dio a conocer recién el 24 de marzo, a escasos días del primer vencimiento de los Estados Financieros. Esta situación vulnera el derecho de los contribuyentes a cumplir sus obligaciones en tiempo y forma, considerando que la normativa no fue comunicada con la antelación necesaria para que la masa de afectados pueda procesar tal volumen de información.
Para la especialista, el problema central no es el alcance de la resolución, sino el tiempo y la forma en que fue implementada. “Justo antes de Semana Santa, deja en desventaja a muchas empresas que ya tenían sus informes aprobados por asambleas o auditorías externas”, afirmó.
Torres advirtió que la resolución afecta tanto a contribuyentes del IRE general como a quienes operan bajo IRE simple, ya que eventualmente pueden superar los límites de facturación y pasar a la categoría general. “Si no se hace bien desde el inicio, cuando se llegue al IRE general no habrá forma de recomponer las cuentas”, resaltó.
Además, la especialista cuestionó la falta de comunicación y difusión de la medida, especialmente hacia el interior del país. “Paraguay no termina en Asunción. Muchos contribuyentes en regiones no reciben información clara y suficiente para cumplir oportunamente. Esto puede derivar en multas o sanciones, aunque la obligación sea de cumplimiento informativo”, dijo.
En síntesis, la resolución busca fortalecer los mecanismos de control de la DNIT, mejorar la consistencia de los datos contables y asegurar que la distribución de utilidades cumpla con la legislación vigente, pero plantea desafíos logísticos y de comunicación que podrían complicar el cumplimiento inmediato de los contribuyentes.
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