El proyecto plantea la creación de un fondo común destinado a cubrir una ayuda económica mensual para trabajadores que pierdan su empleo por causas no imputables a ellos, durante un periodo máximo de seis meses. El acceso al beneficio requiere que el trabajador haya aportado al menos 12 meses al sistema de seguridad social, de forma continua o alternada.
Uno de los puntos más discutidos es la forma de financiamiento: un aumento del 2% sobre el actual aporte obrero-patronal, que ya representa el 25,5 % del salario. Es decir, el fondo será sostenido “solidariamente” por los trabajadores activos, lo que generó inmediato rechazo entre los gremios.
Luis Tavella, presidente de la Federación de Mipymes, fue categórico: “Este proyecto debe ser rechazado porque el IPS no es transparente y ya tiene serios problemas para sostener el fondo de salud. No podemos darle más dinero a una institución que está mal administrada”. Añadió que la propuesta actual “no era la que tenía mayor consenso” entre los sectores involucrados.
Tavella también cuestionó la convivencia del fondo con el actual sistema de indemnización por despido, señalando que en otros países, donde se aplica el seguro de desempleo, este reemplaza el pago de indemnizaciones. “Sin ese ajuste, este modelo es inviable desde el arranque”, advirtió.
Por su parte, Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación de Asegurados del IPS, afirmó que su organización se opone “tajantemente” a la creación del fondo. “Para que esto funcione se necesitan aportes significativos, y eso no se consigue cargando más sobre los trabajadores”, explicó. Además, consideró que el proyecto es un parche que busca disimular la falta de políticas efectivas para fomentar el empleo.
La redacción del proyecto deja, además, varios puntos sin claridad. Por ejemplo, el monto del beneficio mensual no está establecido en la ley, y se delega a la autoridad de aplicación definirlo en una reglamentación posterior. El texto sí especifica que quedarán excluidos quienes perciban ingresos de empresas extranjeras no declaradas, los beneficiarios de programas sociales como Tekoporã o Adulto Mayor, y los contratados a plazo fijo cuyo vínculo haya vencido de manera natural.
A pesar de las críticas, sectores oficialistas impulsan la aprobación de la ley con el argumento de que es una herramienta necesaria para proteger a los trabajadores en tiempos de crisis. Sin embargo, los gremios insisten en que se trata de una medida precipitada, sin sustento técnico ni respaldo financiero.
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