Esta situación amenaza con excluir del mercado a más de 1.200 trabajadores y frenar el desarrollo de la industria nacional, según los referentes del sector. José Huidobro, presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME), cuestionó abiertamente la política de la binacional.
“El Estado debe generar las condiciones para que se trabaje en Paraguay. Lo que pedimos es que exista la voluntad de que el trabajo se quede acá. Todo esto va en detrimento del desarrollo industrial y social del país”, señaló. Huidobro destacó que las industrias nacionales cuentan con la capacidad para cumplir con los requerimientos de la licitación, como ya se demostró en contratos previos.
Según datos del CIME, producir los muebles escolares en Paraguay podría generar 1.200 empleos directos y beneficiar a cerca de 4.000 personas de manera indirecta. “La provisión debe ser realizada en casa, por empleo paraguayo. Es un contrasentido que la propia binacional excluya a la industria local en favor de productos chinos”, enfatizó.
La frustración del sector metalúrgico no solo apunta a Itaipú. La ANDE también está en el ojo de los empresarios. Desde hace años, las licitaciones para la expansión del sistema eléctrico fueron adjudicadas mayoritariamente a empresas chinas.
Los industriales critican que las condiciones impuestas por las entidades multilaterales que financian estos proyectos bloquean cualquier preferencia hacia las empresas constituidas localmente, perpetuando la dependencia de las importaciones y debilitando los esfuerzos por promover la sustitución de estas.
“El país necesita fortalecer su industria, no seguir dependiendo del exterior”, insistió Huidobro, quien propuso flexibilizar los plazos y segmentar los contratos en lotes para dar oportunidad a los productores locales.
La controversia pone en entredicho el compromiso del gobierno de Santiago Peña, quien asumió la presidencia en 2023 prometiendo generar 500.000 empleos. Para el sector metalúrgico, cumplir con esta meta pasa inevitablemente por priorizar la producción nacional en los grandes contratos públicos. “Debe haber predisposición para que estas provisiones se hagan en Paraguay. Es cuestión de voluntad política y de mirar hacia nuestra industria”, concluyó Huidobro.
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