Desde su perspectiva, históricamente se consideró que la energía eléctrica no se puede almacenar como otros bienes de consumo. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten hoy generar energía, almacenarla temporalmente y posteriormente reintegrarla a la red. Esta capacidad se da para equilibrar el sistema eléctrico: almacenar durante los periodos de baja demanda y utilizar en los de alta demanda.
Entre las tecnologías más comunes están las baterías de iones de litio, las baterías de flujo y el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. Países como Estados Unidos, China, Alemania y Japón lideran el uso de estas soluciones a nivel global.
“En la región, Chile destaca con un sistema de baterías de iones de litio operativo desde 2021 con una capacidad de 110 MW. Argentina también utiliza baterías similares desde 2022, mientras que Brasil y Uruguay exploran el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo y las baterías asociadas a energía eólica y solar”, comentó Encina.
Con un excedente de energía hidroeléctrica, Paraguay enfrenta el desafío de planificar a largo plazo. A finales de setiembre de 2024, el Gobierno aprobó una política energética al 2050 que busca reducir el uso de hidrocarburos y biomasa insostenible, aumentando la participación de la energía eléctrica en el mix energético. Se trata del decreto N.º 2.553/24, que aprueba la nueva Política Energética de la República del Paraguay, con proyección al año 2050.
“Actualmente, solo el 22% de la energía consumida en Paraguay es eléctrica, mientras que los hidrocarburos representan el 38% y la biomasa el 42%. La transición hacia fuentes más limpias implica retos significativos, como formar a profesionales en tecnologías de almacenamiento y energías renovables, el almacenamiento con baterías es costoso y tiene una vida útil limitada”, reconoció Encina.
Es así que, según la óptica del presidente de la IEEE, realizar pequeñas hidroeléctricas traerá sus ventajas y desventajas. “La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ya estaba trabajando en planes maestros que proyectan las necesidades y capacidades energéticas del país hasta el año 2040. Además, identificó zonas como Villa Hayes, Eusebio Ayala, Pirayú, Emboscada, la región este y sur del país. En total, se espera alcanzar una potencia instalada de 1.600 MW”, dijo.
No obstante, la concreción de estos planes depende en gran medida de la disponibilidad de financiamiento, según Encina, y en este sentido, el capital privado jugará un rol crucial. “Es importante fomentar que el sector privado participe en proyectos piloto, sobre todo en energía solar, que es una gran oportunidad para Paraguay”, indicó.
Pequeñas hidroeléctricas
Para Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), el panorama energético nacional adquiere una nueva dimensión.
“Hoy en día, Paraguay cuenta con abundante energía limpia y renovable, pero esta disponibilidad no es infinita. Las proyecciones indican que podría alcanzarse un límite dentro de ocho a nueve años. Por eso, desarrollar pequeñas hidroeléctricas ayudará a diversificar y fortalecer el sistema energético nacional, particularmente en sectores como la industria y la construcción, que mostraron un crecimiento”, explicó Corsi.
El sector industrial, que genera más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y emplea a más de medio millón de personas, demanda garantías para mantener su expansión. Según Corsi, asegurar el suministro eléctrico es esencial para atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico. Sin embargo, dijo que, aunque la ley es alentadora, es imprescindible avanzar en su reglamentación.
“La reglamentación debe incluir aspectos ambientales, incentivos económicos y una integración eficiente con el sistema energético. También se debe definir cómo se asignarán los permisos y garantizar que el proceso sea justo y transparente. Todas las partes involucradas –sector privado, comunidades rurales y Gobierno– deben trabajar conjuntamente para evitar distorsiones”, puntualizó.
Para asegurar el éxito de esta iniciativa, Corsi aboga por un enfoque inclusivo que integre a todos los sectores. “No se puede trabajar en leyes que beneficien solo a un sector o a un grupo específico. Es necesario convocar a representantes de gremios, comunidades y expertos para construir un marco legislativo justo y sostenible”, concluyó.
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