Sin embargo, su aplicación efectiva, prevista para el 30 de diciembre de 2024, fue postergada para el 30 de diciembre de 2025 en el caso de grandes operadores y comerciantes. Para micro y pequeñas empresas, las obligaciones entrarán en vigor el 30 de junio de 2026.
La decisión del Consejo surge en respuesta a las crecientes preocupaciones de terceros países, Estados miembros, operadores y comerciantes, quienes solicitaron más tiempo para cumplir con las exigencias de la normativa. Esta prórroga permitirá que todos los actores implicados se preparen adecuadamente en sus obligaciones de debida diligencia, las cuales incluyen garantizar que productos como carne bovina, madera, cacao, soja, aceite de palma, café y caucho, entre otros, sean comercializados sin contribuir a la deforestación.
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, se mostró crítico frente a esta regulación y señaló que la UE está comenzando a asumir la realidad del riesgo de desabastecimiento que enfrentaba si mantenía su posición intransigente. "Ni ellos tienen claro cómo va a funcionar; hay más dudas que certezas en relación a la posibilidad de cumplir las exigencias tal como plantea la normativa", expresó Cristaldo, refiriéndose a las dificultades que esta medida representa para los productores de países en desarrollo.
Asimismo, también subrayó que muchos países sostienen que esta medida unilateral viola los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dejando fuera del mercado a miles de pequeños y medianos productores. Además, calificó la normativa como un "freno al desarrollo sostenible" de los países en desarrollo, en tanto impone exigencias difíciles de cumplir y perjudica a los más vulnerables.
Según Cristaldo, incluso las propias empresas europeas manifestaron dificultades para cumplir con el reglamento, lo que también contribuyó a la decisión de postergar su implementación. "Es una suma de variables y reclamos en relación a una medida arbitraria que pretende aplicar en terceros países una ley europea, desconociendo las leyes de cada país", afirmó.
¿Un "logro" para el Mercosur?
Para los países del Mercosur, este aplazamiento fue percibido como un "logro" en el contexto de las negociaciones birregionales. La postergación de la normativa era una precondición necesaria para avanzar en el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, que había enfrentado trabas debido a la rígida postura europea en materia ambiental.
La flexibilización de las fechas de aplicación del reglamento brinda, por lo tanto, una ventana de oportunidad para que los países del Mercosur puedan adaptarse a las nuevas exigencias sin comprometer el desarrollo de sus sectores productivos. Aunque la medida sigue siendo un desafío, el respiro temporal permitirá que los países en desarrollo busquen estrategias que les permitan cumplir con la normativa y, al mismo tiempo, preservar sus intereses comerciales.
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