Ocampos sostuvo que los gremios empresariales deben asumir un rol más activo dentro del sistema democrático, al que incluso vinculó con conceptos del derecho político. Explicó que, desde esa mirada, las empresas y asociaciones funcionan como “grupos de presión”, cuya misión consiste en influir para que el Gobierno ejecute políticas públicas eficientes y alineadas con el desarrollo.
En ese contexto, Ocampos remarcó la importancia de que entidades como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) o la Cámara de Anunciantes (CAP) se articulen con mayor frecuencia para presentar propuestas concretas al Ejecutivo. “Deberían juntarse más, conversar y llevar propuestas al Presidente, porque es el principal administrador del país y tiene que tener en cuenta lo que genera riqueza”, afirmó, al señalar que el sector productivo necesita más presencia en el diseño de políticas.
El director de Personal Flow también advirtió que la figura del empresario todavía carga con una percepción negativa en parte de la sociedad, lo que dificulta comprender su aporte económico. Según indicó, el país se sostiene principalmente sobre quienes invierten capital, generan empleo y activan el mercado interno, por lo que el empresariado debería ser visto como un motor de desarrollo y no como un enemigo.
Para Ocampos, el Estado debe funcionar como facilitador y árbitro de la competencia, garantizando condiciones para que las empresas puedan operar y expandirse. “El Estado está para administrar y actuar como árbitro, para facilitar que las empresas compitan, y cuando compiten, el que gana es la ciudadanía porque se genera empleo y riqueza”, expresó, al insistir en que el crecimiento del sector privado impacta directamente en la calidad de vida.
Además, resaltó que muchas compañías ya cubren áreas donde el Estado no llega con suficiente fuerza, como educación, seguridad o incluso salud, lo que, a su criterio, evidencia la importancia del sector privado como aliado estratégico. Ocampos mencionó que existen empresas que invierten en programas educativos, pese a que se trata de una responsabilidad estatal, justamente por la necesidad de responder a vacíos estructurales.
En cuanto a la receptividad del Gobierno, Ocampos sostuvo que la clase política debería escuchar con mayor atención al empresariado, debido a que el Estado se sostiene con impuestos que provienen del sector productivo. “La clase política depende de los impuestos que aportan las empresas, y si no escucha propuestas, termina pasando lo que hoy pasa: no hay dinero para pagar a vialeras o farmacéuticas por el mal gasto público”, advirtió.
Por su parte, Hans Regier afirmó que Paraguay todavía no logra desarrollar la fuerza gremial que sí existe en otros países, pese al potencial del empresariado local. Señaló que muchos empresarios se concentran demasiado en lo operativo y en soluciones inmediatas, lo que debilita la posibilidad de construir una agenda común con visión a largo plazo.
Regier consideró que el empresariado necesita comprender que su rol no se limita a buscar beneficios particulares, sino a impulsar transformaciones estructurales que mejoren el país. “El empresario va a ir junto al Presidente y negociar ventajas para su grupo, pero no siempre busca una ventaja pro país; por eso hace falta que el gremio construya una visión colectiva”, expresó, al remarcar que la unión sectorial puede aumentar la influencia sobre políticas públicas.
El director ejecutivo de Codipsa también sostuvo que la falta de articulación responde, en parte, a una escasa concientización sobre la responsabilidad empresarial frente al desarrollo nacional. Explicó que organizarse, debatir y consensuar requiere tiempo, pero se vuelve necesario si se pretende impulsar cambios reales y sostenibles.
Las posturas de ambos directivos reflejan una coincidencia: el crecimiento económico requiere un vínculo más sólido entre el Estado y el sector privado, pero también una estructura gremial más fuerte, organizada y con capacidad de incidencia. En esa línea, insistieron en que el desafío no solo pasa por reclamar mejores condiciones, sino por construir propuestas concretas y una visión país que permita mejorar el clima de negocios y beneficiar, finalmente, a toda la ciudadanía.
Tu opinión enriquece este artículo: