La moción parlamentaria cuestionó principalmente dos aspectos legales. En primer lugar, la base jurídica elegida por la Comisión Europea, que permite ratificar la parte comercial del acuerdo sin el consentimiento de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, un mecanismo que los críticos consideran que socava la soberanía legislativa nacional. En segundo lugar, se objeta la validez del denominado “mecanismo de reequilibrio”, una cláusula que permitiría a los países del Mercosur tomar medidas compensatorias si futuras leyes medioambientales o de salud de la UE restringen sus exportaciones, lo que, para algunos eurodiputados, pone en riesgo la autonomía regulatoria europea.
El freno se produce en un contexto de fuertes presiones internas, marcado por las masivas protestas de agricultores europeos que rodeaban el hemiciclo. Sectores agrícolas de países como Francia, Polonia e Irlanda, principales opositores al acuerdo, temen verse inundados por importaciones más baratas de carne bovina, aves de corral y azúcar provenientes de Sudamérica, que podrían socavar sus estándares de calidad y precios. Francia calificó la decisión del Parlamento como “coherente” con su postura, mientras que Alemania, uno de los grandes impulsores del pacto, la tachó de “lamentable” y advirtió que “no interpreta correctamente la situación geopolítica”.
Más allá del comercio, el acuerdo es visto por sus defensores como una herramienta geopolítica crucial. En un contexto de fricciones comerciales con Estados Unidos y de intentos por reducir la dependencia de China, el pacto afianzaría el multilateralismo y otorgaría a la UE un mayor acceso a minerales críticos y materias primas esenciales para su transición verde. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había defendido el acuerdo como una señal “contundente” a favor del “comercio justo frente a los aranceles” durante la ceremonia de firma en Asunción, el pasado 17 de enero.
Para el Mercosur, las oportunidades son significativas, aunque matizadas. Como explica el economista paraguayo Fernando Masi, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), el acceso al mercado europeo para los productos más competitivos del bloque —primarios y agroindustriales— se realizará principalmente a través de cuotas y de un desarme arancelario gradual, lo que abre una oportunidad muy importante. Masi destacó que Paraguay, en particular, se beneficia de cuotas mayores para ciertos productos debido a las asimetrías reconocidas en el acuerdo. Además, subrayó que, si bien la industria europea gana acceso, la posible llegada de inversiones y la formación de joint ventures pueden representar un impulso positivo para la creación de cadenas productivas dentro del Mercosur que hasta ahora no se desarrollaron plenamente.
El economista también identificó áreas estratégicas más allá de la agroindustria tradicional. Señaló que el acuerdo puede catalizar inversiones europeas en sectores clave para la transición global, como las energías renovables y la extracción sostenible de minerales críticos para la electromovilidad y la digitalización. En un mundo en el que Estados Unidos impulsa políticas proteccionistas, Masi concluyó que este pacto se erige como un baluarte fundamental del multilateralismo y del comercio basado en reglas.
Desde el punto de vista técnico, la Comisión Europea tiene la opción de impulsar una “aplicación provisional” del acuerdo comercial mientras el TJUE delibera, una posibilidad que ya fue insinuada para evitar un retraso político prolongado. Sin embargo, esta medida sería polémica y podría tensar aún más las relaciones entre las instituciones comunitarias.
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