Desde el MOPC, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, expresó con optimismo cuáles son los avances de las conversaciones con Argentina y Brasil. Según el alto funcionario, el trazado del gasoducto está diseñado para evitar obstáculos logísticos y ambientales, aprovechando corredores ya habilitados como la Ruta Bioceánica. “Estamos viendo el interés de todos los actores —públicos y privados— para que la integración gasífera sea una realidad”, afirmó y destacó el potencial de este proyecto como motor de crecimiento industrial y energético.
Bejarano detalló que el volumen propuesto podría llegar hasta los 30 millones de m3 diarios de gas, y subrayó que con esto, nuestro país podría convertirse en tomador para generación eléctrica, mientras que Brasil cubriría la demanda industrial. Además, apuntó que este tipo de infraestructura puede servir como incentivo para la exploración del gas nacional. “Ojalá nuestras propias moléculas puedan fluir por ese ducto”, expresó, aunque reconoció que el país aún no cuenta con reservas certificadas.
Se prevé que el gas llegue desde Argentina, específicamente desde el yacimiento Vaca Muerta -ubicado entre Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza- y desde allí atraviese le Chaco paraguayo hasta llegar a Brasil, provechando la infraestructura del Corredor Vial Bioceánico, extendiéndose por más de 1.000 km, de los cuales un poco más de la mitad pasaría por suelo nacional.
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), resaltaron la importancia del proyecto, como una posibilidad de diversificación de la matriz energética y la posibilidad de atraer a empresas privadas a invertir en el sector energético paraguayo. La obra demandaría una inversión aproximada de US$ 2.000 millones.
Sin embargo, desde la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), el tono es opuesto. Su presidente, Eduardo Viedma, advirtió que el país no necesita importar gas, sino aplicar políticas que impulsen sus recursos renovables. “Es un absurdo pensar que la solución es traer gas de 3.000 kilómetros para generar energía, cuando tenemos sol, biomasa e incluso potencial hidroeléctrico sin explotar”, señaló.
Para la APER, apostar por el gas natural importado sería un retroceso. La matriz eléctrica paraguaya —actualmente limpia y sostenible gracias a las hidroeléctricas— podría contaminarse con combustibles fósiles, perdiendo el tan promocionado “sello verde” que el país exhibe ante el mundo. Viedma también recordó que la Ley 6977, que impulsa el uso de fuentes renovables, aún no se aplica plenamente porque la ANDE no ha definido los precios de compra de la energía solar.
Además, el gremio cuestiona la viabilidad económica del proyecto. Según su análisis, Paraguay solo sería un país de tránsito, cobrando un peaje sin asegurarse beneficios concretos. “No se sabe aún quién comprará el gas en Mato Grosso ni a qué precio”, puntualizó Viedma.
Consultado sobre el posicionamiento de APER, el viceministro Bejarano prefirió no emitir comentarios.
Más allá de las posiciones enfrentadas, el debate sobre el gasoducto evidencia una cuestión más profunda: ¿qué modelo energético quiere Paraguay para las próximas décadas? ¿Uno basado en integración regional con fuentes fósiles o uno centrado en soberanía energética y renovables? ¿Quizás una combinación de ambas alternativas?
Por ahora, el gasoducto sigue siendo una promesa en papel, con memorandos por firmarse y muchos detalles por definir. Pero su discusión ya ha encendido una chispa que probablemente marcará la agenda energética y política del país en el corto plazo.
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