Conversamos con el abogado tributarista y docente de la UCA, Luís Carísimo, quien dio sus apreciaciones con respecto a algunas instituciones como la Ande, el MEC y al Corte Suprema de Justicia, entes que solicitaron mayores ampliaciones presupuestarias para el próximo año.
La Ande pidió la ampliación de US$ 283 millones para aumento salarial, inversiones y otros gastos. “La Ande necesita hacer una revolución en el mantenimiento de sus equipos, porque con el sobreconsumo llegan a un punto en el que su infraestructura ya no aguanta más”, añadió.
Carísimo señaló que los problemas técnicos de la administración eléctrica son predecibles y eso da la oportunidad de que se pueda planificar mejor las inversiones para mitigar la situación, sin embargo, el porcentaje del presupuesto de la Ande que va para gastos rígidos es muy alto, motivo por el cual más recursos no van destinados a inversiones. Según el proyecto del PGN 2020, la administración eléctrica destina G. 2,1 billones para gastos corrientes y G. 5,8 millones para gastos de capital.
Otra institución que está en la lista de las solicitudes de ampliaciones es el MEC, que pide aproximadamente US$ 51,8 millones, cifra que iría a gastos por seguro médico y el aumento salarial del 16%. “Los profesores deben ser bien remunerados y tienen que contar con planes de seguridad de calidad para que la docencia sea atractiva”, expresó.
En contrapartida, Carísimo mencionó que el MEC tiene que saber en qué personas invertir, estas deben estar capacitadas y ser responsables, de lo contrario la distribución del gasto seguirá siendo desigual. “El MEC debe ser transparente, tiene que brindar información coherente y lógica para que los salarios sean mejores o para que haya manera de decidir en qué zonas es más urgente hacer inversiones”, sugirió.
En el caso del pedido de la Corte Suprema de Justicia, Carísimo resaltó que en los últimos dos años pasó por un proceso de renovación, por lo que en cierta medida podría volver justificable algún pedido de ampliación, siempre y cuando esta institución logre justificar las solicitudes con el volumen de resoluciones de litigios que tienen congelados. “En el caso de que tengan litigios sin resolver que no están avanzando, no corresponde el aumento presupuestario, a no ser que la idea sea eliminar la mora al contratar más personas”, manifestó.
La Corte Suprema de Justicia pidió al tesoro el monto de US$ 60 millones para el aumento salarial del 20%.
MOPC: aumento de la ejecución y recorte
El MOPC sufrirá un recorte de US$ 128,4 millones que deberían estar destinados a la construcción de obras, pero a la vez, la cartera tendrá US$ 26,2 millones más para el pago de salarios, US$ 2 millones de diferencia con el año anterior. De manera oficial, el ministerio comunicó que los gastos corrientes adicionales tendrán como foco la contratación de ingenieros y nuevos operarios. Aparte de esta redistribución, el MOPC perderá en el 2020 12% del presupuesto que le habían asignado este año, incluyendo G. 67.847 millones provenientes de los bonos soberanos.
Para Carísimo si es que el MOPC sostenía una buena ejecución, lo que correspondería sería que se le de una ampliación presupuestaria, una condición que aparentemente los datos respaldan, ya que el año pasado superó el 70% y en 2017 llegó al 80,8%. “Lo que hay que tener en cuenta es si los gastos rígidos acompañaron a la mayor ejecución y si es que el personal remunerado es realmente necesario para el ministerio o se trata nada más de cuoteo político”, complementó.
Otros pedidos de ampliación
Defensoría Pública: US$ 8,3 millones para bonificaciones, recortes aplicados y otros.
Ministerio de Desarrollo Social: US$ 800.000 para programas Tekopora, Tenondera y otros.
Policía Nacional: US$ 119 millones para equipos, indemnizaciones y otros.
TSJE: US$ 200.000 para subsidio a partidos políticos.
Recortes
Secretaría Nacional de Cultura: G. 3.250 millones.
FONDEC: G. 328 millones.
Incentivos, exoneraciones e impuestos
Los últimos datos de la Cepal, sobre los incentivos fiscales a empresas, indicaron que el fisco paraguayo deja de recaudar una cantidad superior a los beneficios que producen los incentivos que ofrece al sector privado para inversiones, crecimiento o creación de empleo. El documento registra una exoneración impositiva que ronda los G. 3,7 billones (US$ 588 millones), que se compara al 1,43% del PIB, aparte de los gastos del Estado podrían aumentar US$ 20 millones más que el año pasado, lo que implicaría una deuda mayor a lo que usualmente se recauda.
“Cuando se establecen incentivos o exoneraciones hay que analizar cómo está la coyuntura del país en materia de empleo, industria y de recaudación. Paraguay usó el mecanismo establecido por la Ley 60/90 para brindar beneficios fiscales que atraigan inversiones superiores a los US$ 5 millones y generar empleo, pero hay que revisar si este mecanismo ya no se volvió anacrónico”, manifestó Carísimo, quien además recomendó hacer un análisis para elaborar nuevas exoneraciones, como podrían ser los incentivos para las mipymes, pero para eso lo ideal es verificar la situación macro del país y la región.
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