¿Qué es el mercado de carbono no regulado, que tiene un potencial de US$ 9 millones para Itaipú?

Las transacciones de bonos de carbono se están volviendo tendencia. En un contexto de mayor conciencia ambiental, su principal objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La Itaipú Binacional apunta a acceder a certificados de créditos de carbono, al tiempo de apoyar al desarrollo sostenible en su zona de influencia.

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“Los bonos de carbono, conocidos como créditos de carbono, son mecanismos que permiten, a través de estrategias de conservación, reducir la emisión de CO2 y a la vez presentar una alternativa económica, porque cada bono, al equivaler a 1 tonelada de CO2 captado, también se puede comercializar en el mercado y generar un mecanismo financiero como alternativa”, explicó Hugo Cañiza, asesor legal ambiental del Departamento de Derecho Ambiental de la Dirección Jurídica de Itaipú.

En términos más simples, los bonos de carbono son vendidos por empresas con proyectos que absorben y capturan CO2; de allí viene la oferta, mientras que la demanda se origina en empresas interesadas en compensar la huella de carbono por sus emisiones. 

Por ejemplo, una empresa dedicada a la reforestación captura X cantidad de CO2, lo que equivale a un monto en dólares (bonos); entretanto, otra empresa dedicada a la extracción de petróleo, -emisora de gases de efecto invernadero-, para cumplir con su cuota de mitigación medioambiental compra esos bonos, lo cual posibilita seguir capturando más CO2.

Se estima que el costo del carbono capturado por 1 hectárea del Proyecto Itaipú Preserva tenía un valor de US$ 4.100 por ha. Esto representa un valor potencial económico de US$ 9.430.000 de la superficie actual de intervención del proyecto citado.

Entre los tipos de mercados de carbono se encuentran el de cumplimiento regulado, empleado por los gobiernos y empresas que están en la obligación de rendir cuentas de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y el voluntario, o no regulado, en el que algunas empresas han determinado objetivos de reducción de GEI de forma voluntaria.

“En el mercado regulado intervienen los organismos internacionales, empezando por la autoridad nacional, la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), y en el no regulado, el mercado voluntario, se da un libre juego de oferta y demanda. Nuestro interés es entrar en este mercado porque es menos complejo, es más viable y puede ser más rentable para la entidad”, sostuvo Cañiza.

Consultado Cañiza si el proyecto contempla ingresar al mercado paraguayo, señaló que eso es posible pero que va a depender de que la propuesta sea aprobada, para lo cual se deben cumplir ciertos requisitos que el mercado exige.

“Luego podemos entrar en el mercado nacional como internacional. Obviamente esto está destinado a los países industrializados que son los que tienen que cumplir con sus cuotas. Los países menos desarrollados son los que ofrecen y ahí aparece el mercado internacional como opción”, agregó.

En este momento hay una mesa de trabajo conformada por técnicos y asesores de Itaipú (margen derecha o paraguaya) y de la DNCC que afinarán los números del proyecto y actualizarán los datos. “Estamos en tratativas con los órganos que tienen que hacer los estudios. En unos meses ya vamos a tener los resultados”, añadió.

Los órganos de referencia tienen la función específica de validar y certificar las proyecciones. “A partir de ahí podemos saber efectivamente cuánta es la tonelada de CO2 por hectárea, cuánta es la elegible y cuánta es la que, en relación a las cantidades de hectáreas que estamos trabajando, van a calificar para el mercado” especificó el funcionario.

El asesor destacó que la binacional, como la mayor generadora de energía limpia y renovable, está comprometida con el medioambiente a través de acciones de protección y conservación de los ecosistemas y que, en ese sentido, se encuentra desarrollando una serie de acciones vinculadas a la sostenibilidad ambiental. La central, a efectos de la preservación del medioambiente, cuenta con 7,2 hectáreas protegidas por cada megawatt de capacidad instalada.

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