Hacinamiento, corrupción, Estado casi ausente, son parte de los componentes de un caldo de cultivo que no por conocido está en vías de solución. En este escenario, la participación del sector privado puede ser clave para encontrar el portón de salida para un problema que amenaza con explotar cada cierto tiempo.
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En la actualidad están registrados 17.522 internos en los 18 reclusorios que conforman el sistema penitenciario. Y en Tacumbú hoy se reporta una población de 2.763 personas privadas de libertad, entre condenados y procesados. El problema comienza cuando las cárceles están diseñadas para albergar a sólo 9.000 presos; es decir, la población penal actual casi duplica la capacidad máxima de los centros penitenciarios.
La superpoblación penitenciaria se debe a que los organismos del Estado (Poder Judicial, Ministerio Público y otros) abusan sistemáticamente del uso de la prisión penal, según Juan Martens, experto en criminología y seguridad.
“Esta es una respuesta a la ansiedad ciudadana, en el pedido de mano dura por parte de la población. También existe lo que se conoce como telecriminología, donde desde los medios de comunicación se instala un tipo de delito y delincuente, como si fuesen los únicos responsables de la inseguridad existente en el país”, refirió.
Por otro lado, advirtió Martens, dentro del sistema penitenciario no se cumple ninguna ley, ni siquiera la Constitución Nacional que establece que las personas tienen que estar separadas según sean procesados o condenados. “Esto no se cumple porque en el espacio penitenciario todo se vende, en qué pabellón vas a estar, qué teléfono vas a usar, se te cobra por cruzar de un pabellón a otro. O sea, la cárcel genera demasiada plata”, aseguró.
El especialista aseveró que esta es una gran parte del problema, porque hay políticos que usan la cárcel como botín, como un sistema de recaudación, que se da en connivencia entre agentes penitenciarios y población privada de libertad. “Hoy la cárcel no es un centro de tratamiento, sino un escritorio de crímenes”, remarcó.
La mano privada
¿Puede el sector privado ayudar a disminuir este problema y de paso ayudar a la reinserción de las personas privadas de libertad? “La participación de las empresas es clave para generar soluciones, no sólo en términos de trabajo para el interno sino para romper estigmas y colaborar en su reinserción”, aseveró Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de Codehupy.
El documento Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025, elaborado por las NN.UU. para Ecuador, pero aplicable a otros países, incorpora en el apartado Eje de Alianzas, Convenios y Cooperación, la necesidad de fortalecer alianzas con empresas privadas y otros sectores para solventar necesidades de equipos, tales como computadoras, vincular al sector privado con entes estatales y la comunidad, y establecer convenios para contratos laborales con los reclusos.
Hay un porcentaje de la población penitenciaria con predisposición para trabajar, coinciden ambos expertos. ¿Cuántos son? Al menos la mitad respondió Martens, en tanto que Leguizamón estimó que el porcentaje “es muy alto”.
Sin dudas es el Estado el que debe crear las condiciones y se pueden establecer alianzas como la de la empresa Fujikura y el Penal de Mujeres de Ciudad del Este, que hasta ahora es la única experiencia en ese sentido. “Otras iniciativas, que partieron de los propios internos, como Latente, relacionadas con la artesanía, tienen mucho marketing, buenos productos pero poca gente vinculada”, dijo Leguizamón.
Los beneficios son varios. Las personas privadas de su libertad pueden generar ingresos propios para mejorar sus condiciones de reclusión y las de su familia, que con la pérdida de libertad de uno de sus miembros también pierden a un proveedor de recursos.
“La cárcel tiene un alto costo para las familias, por la corrupción, y además, tener una ocupación evitará el aburrimiento de los reclusos y los alejará de la posibilidad de caer dentro de los grupos relacionados con el crimen organizado”, puntualizó Leguizamón.
Las empresas también pueden ayudar a romper estigmas y colaborar en la reinserción, ya que uno de los obstáculos que enfrentan los reclusos que recuperan su libertad es encontrar una ocupación legal, porque son pocos quienes quieren contratar a una persona con antecedentes.
“Se puede pensar en procesos posteriores de inserción en trabajos. Para ello el Estado debería asegurar que esos procesos se lleven adelante y dar incentivos, no relacionados con un salario menor, sino a través de estímulos, exenciones tributarias”, recomendó el especialista.
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