Por David J Lynch y Eric Platt
Los puertorriqueños el domingo votaron abrumadoramente en favor de convertirse en el 51er estado de EEUU en un referéndum no vinculante que fue boicoteado por los adversarios de este intento por lograr lo que parece ser una posibilidad muy remota.
Con 99 por ciento de los colegios reportados, más de 97 por ciento de los votantes apoyaron la condición de estado, según un recuento publicado en el sitio web de la comisión electoral de Puerto Rico.
Ésta fue la quinta vez que se les ha pedido a los residentes que voten sobre su futuro. En 2012, la votación más reciente, el 61 por ciento apoyó la condición de estado. Pero el Congreso de EEUU, que comenzó a considerar el estatus de Puerto Rico hace más de un siglo, no tomó ninguna medida.
Esta vez, a los puertorriqueños se les pidió que eligieran entre tres opciones: estadidad, libre asociación/ independencia de EEUU o el actual estatus territorial.
La votación en sí no afectará el estatus de Puerto Rico como un territorio de EEUU, una distinción que ha dividido durante mucho tiempo a los 3.4 millones de residentes de la isla caribeña.
El gobernador Ricardo Rosselló defiende el llamado Plan Tennessee, un complejo proceso que seis estados utilizaron para ingresar a la unión de EEUU. Inversionistas y analistas permanecen escépticos, advirtiendo que es poco probable que la mayoría republicana en el Congreso apruebe la creación de dos nuevos senadores y varios representantes de la cámara que probablemente sean demócratas.
La plataforma de campaña de 2016 del partido republicano apoyaba la condición de estado para Puerto Rico, pero la basó en una votación aprobada federalmente.
En abril, el Departamento de Justicia de EEUU planteó problemas con el plebiscito, y se negó a desembolsar US$2.5 millones en fondos reservados para la votación o a certificar la votación a menos que la isla incluyera una opción para dejar el estatus político de Puerto Rico sin cambios.
En una carta dirigida al Sr. Rosselló, Dana Boente, fiscal general adjunto interino, dijo que el lenguaje de la boleta electoral se vio afectado por "varias declaraciones ambiguas y potencialmente engañosas, que pueden dificultar la capacidad de los votantes para tomar una decisión plenamente informada, así como los esfuerzos para determinar la voluntad de las personas a partir de los resultados del plebiscito".
En mayo, los grupos de la oposición dijeron que planeaban boicotear la votación.
Puerto Rico ha sufrido una crisis después de incumplir con el servicio de sus deudas en 2015. En mayo, la isla recurrió a las cortes para reestructurar una porción de sus obligaciones de bonos y pensiones de US$120 mil millones a través de un proceso de cuasi bancarrota creado por el Congreso, que fue la tramitación más grande de este tipo en el mercado de bonos municipales de US$3.8 billones.
Más del 45 por ciento de la población de la isla vive por debajo del umbral de la pobreza y el deterioro de la situación fiscal de Puerto Rico ha llevado a un éxodo hacia el territorio continental de EEUU. La población ha disminuido en un 8 por ciento desde el año 2010.
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