Actualmente, los mercados de carbono se dividen en dos categorías principales: el mercado voluntario y el mercado regulado. En el primero, empresas y particulares intercambian créditos de carbono de manera independiente como parte de sus estrategias de responsabilidad social empresarial. En el segundo, se incluyen transacciones de países con impuestos a las emisiones de carbono y compromisos asumidos en el marco de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas.
En Paraguay, ya existen iniciativas en el mercado voluntario, pero la nueva reglamentación abre la posibilidad de operar en el mercado regulado, donde los precios de los créditos de carbono son significativamente más altos y convenientes. “El hecho de contar con esta regulación ofrece un marco jurídico confiable y atractivo para los inversores extranjeros que buscan desarrollar proyectos de mitigación de emisiones”, señaló González.
El potencial económico de los créditos de carbono en Paraguay es enorme. Según las estimaciones oficiales, en el corto plazo, se espera una inversión aproximadamente de US$ 300 millones en industrias vinculadas a la generación de estos créditos. A largo plazo, el potencial de mitigación podría alcanzar los 230 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en un período de 40 años, sólo considerando el sector forestal.
Según comentó González existen países interesados en invertir como Singapur, Arabia Saudita, Taiwán, Corea y miembros de la Unión Europea quienes refuerzan la idea de que Paraguay se convertirá en un hub internacional de mitigación de emisiones. “El país se posiciona como un proveedor clave de créditos de carbono para países de alta emisión”, dijo.
Más allá del impacto económico, la reglamentación también traerá beneficios significativos en términos de empleo y desarrollo de capacidades locales. La ley establece que al menos el 50% del personal de los proyectos de mitigación debe ser paraguayo, impulsando la creación de empleos en sectores como la ingeniería forestal, la gestión ambiental y la tecnología para la medición de emisiones.
Además, las comunidades indígenas están exentas del pago de canon para la comercialización de créditos de carbono, lo que les permite beneficiarse de este mercado sin barreras económicas. “Este es un modelo inclusivo que permite a todos los sectores de la sociedad participar y beneficiarse”, destacó González.
Históricamente, el mercado voluntario de créditos de carbono manejó precios que oscilan entre US$ 2 y 7 por tonelada de CO2 mitigada. Sin embargo, con la apertura del mercado regulado, Paraguay podría acceder a precios que alcanzan hasta los US$ 70 por unidad, lo que supone una ventaja competitiva para los proyectos locales.
Paraguay es uno de los pioneros en contar con un marco jurídico tan avanzado, lo que lo coloca en una posición estratégica para atraer inversión extranjera. “Muchos países de América Latina aún no alcanzaron este nivel de regulación y estructura de mercado, lo que nos permite diferenciarnos y captar un mayor flujo de capital", enfatizó el director jurídico del Mades.
Actualmente, en Paraguay existen al menos 16 proyectos en distintas fases de certificación dentro del mercado de créditos de carbono. Empresas como Paracel, Atenil SA y mostraron interés en el desarrollo de iniciativas alineadas con la mitigación de emisiones.
¿Qué es un crédito de carbono?
Los créditos de carbono son un instrumento internacional que permite a empresas y países compensar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) más difíciles de eliminar. ¿Cómo? Invirtiendo en proyectos que mitiguen los gases de efecto invernadero, como la captura de CO2 o la reforestación. Un crédito de carbono no es otra cosa que un permiso de emisiones. Por cada uno de los también llamados bonos de carbono, una empresa o un país tiene derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono.
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