El Acuerdo de Escazú empezó a tener relevancia mediática desde el lunes, tras la preocupación manifestada por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) sobre la intención de ratificación del documento. Posteriormente, el presidente Mario Abdo Benítez informó al presidente del Congreso, Blas Llano, que retiraba el proyecto de ratificación de Escazú solicitado en mayo de 2019.
El tratado no es nuevo, fue firmado por 21 países -Paraguay entre ellos- de América Latina y el Caribe y ratificado por cinco hasta el momento desde el 27 de setiembre de 2018. Su nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es el único acuerdo vinculante derivado de las Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). Tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”, según el portal de la Cepal.
Los argumentos utilizados por la UGP en el comunicado lanzado sobre el tema fueron de índole comercial, ambiental y jurídico. Según la UGP -a través de su comunicado- el acuerdo incorpora el principio precautorio que puede convertirse en una barrera para arancelaria al no requerir base científica justificada, pudiendo volverse una barrera comercial no arancelaria para exportaciones agropecuarias. También argumentan que cualquier grupo puede accionar contra el Estado por encima de las decisiones tomadas en base científica por las instituciones competentes. Y por último, es un único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), lo que viola el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados.
Sobre el tema, Santagada afirmó que lo único que hace el Acuerdo de Escazú es llevar a nivel de acuerdo internacional el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, que Paraguay tiene incluido como principio en la Ley 2068/2003 que aprueba el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. “El principio precautorio está incluido en un sinnúmero de acuerdos que tiene Paraguay, como por ejemplo el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto nunca sirvió para frenar las exportaciones paraguayas”, aclaró Santagada.
Según la Cepal, el principio precautorio permite que mediante una decisión política una obra o actividad con posible impacto negativo en el medioambiente se suspenda, sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta. Este es un principio esencial al desarrollo sostenible, consagrado en la Declaración de Río por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
El director ejecutivo de IDEA, recordó que en Paraguay las malas prácticas ambientales son denunciables y se amparan en el artículo 38 de la Constitución Nacional, por lo que “el Acuerdo de Escazú no modificaría nada. Lo novedoso del acuerdo es que obliga a instituciones a tener disponible toda la información sobre temas ambientales, sin que sea necesario que se las soliciten”, explicó Santagada.
Asimismo, subrayó que lo único que Escazú agrega es la protección de defensores ambientales y guardaparques cuando están expuestos o amenazados. Por otro lado, agregó que la normativa de Escazú en realidad beneficia a los inversores agroganaderos paraguayos o extranjeros que cumplen con las leyes y arriesgan su capital, que son la gran mayoría.
“Igualmente, me pareció prudente que el Gobierno retire el proyecto, eso no significa que Paraguay sale de Escazú, lo que faltaría es ratificar. Ahora el Gobierno tendrá que buscar los consensos necesarios y analizar el texto para que los ánimos no se caldeen”, manifestó Santagada.
Preocupación de la UGP
Según el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, el principio precautorio es el que se podría usar para trabar exportaciones sin tener fundamentos basados en la ciencia. “Paraguay nunca validó en ningún convenio el principio precautorio y con este acuerdo lo hace. Esta es nuestra preocupación, porque nadie tuvo una mirada comercial”, sostuvo Cristaldo.
El titular de la UGP indicó que existen acuerdos en los que el principio precautorio permite reservas, pero ese no es el caso del Acuerdo de Escazú, por lo que lo hace más peligroso para las negociaciones futuras de Paraguay en diferentes mercados. “No estamos ni en contra ni a favor de ratificar el acuerdo, solo queremos que se realice el abordaje necesario y que le den una mirada comercial y económica”, apuntó el presidente de la UGP.
Cristaldo recordó que en 2019 ingresaron US$ 1.000 millones menos en exportaciones y no quieren volver a repetir un año así si es que se incluyen mayores dificultades para el sector agropecuario. Por otra parte, consideró que se debería discutir el carácter vinculante del acuerdo porque las normativas externas serían las válidas y no las internas.
Por último, señaló que actualmente no hay conversaciones con instituciones del Estado para trabajar en las adecuaciones ambientales que exige la Unión Europea como mercado para las exportaciones, en el marco del Tratado Mercosur-Unión Europea.
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