Coincidentemente los recortes se dan luego de que se haya dado a conocer que Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud del MSP, percibe un ingreso mensual de G. 19.433.570 (gastos de representación y subsidio para la salud ya incluidos), mientras que el chofer del director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos ostenta un salario de G. 30 millones mensuales. Entretanto, Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública, percibe G. 25.151.200 por mes, según el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Hacienda.
Con la medida ejecutada por el Gobierno, los empleados de las binacionales no podrán ganar más de G. 37 millones por mes –actual salario del presidente– durante los próximos tres meses. Estos recortes se dan en el margen de la Ley de Emergencia sancionada para mitigar los efectos del COVID-19, por lo que los recursos estarán destinados a hacer frente a la pandemia y por el momento durarán tres meses.
Según la publicación del portal IP, el ministro de Hacienda señaló que estos recortes y topes se establecen de manera temporal para ser destinados al fondo de salud, pero que se analizará adoptarlos de manera permanente mediante la reforma estructural del Estado. “Lo ideal es que el proyecto de presupuesto para el año próximo, que se realiza en setiembre, refleje ya esta nueva estructura del Estado”, dijo.
Otros salarios que causaron disconformidad fueron el del jefe de mozos del Senado, que percibe un ingreso mensual de G. 17.513.350 y el salario de la directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, que ronda por los G. 105.610.817.
El problema radica en la incapacidad
"Esta decisión tomada por el Ejecutivo es popular, pero si decidimos mantener esta política de recortes salariales es probable que la gente que tiene mucha capacidad no quiera trabajar más en el sector público", añadió el economista y presidente de Cadiem Casa de Bolsa, César Paredes, quien además agregó que el problema de la función pública radica en que “hay mucha gente incapaz y gente que no tiene función alguna”, por ende, recomienda eliminar estas cargas sin fundamento y destinar el dinero a salud, educación e infraestructura.
El economista acotó que la gente que está de más dentro de las instituciones del Estado no solamente representa un gasto por el salario que cobran, sino que cuentan con oficinas, generan costos de energía eléctrica, compras de artefactos como aires acondicionados, escritorios, teléfonos y otros gastos que se podrían evitar.
"Me parece que lo ideal sería que solo cierto nivel de funcionario pueda tener estabilidad, esto se debe conversar con el Poder Legislativo porque actualmente entran asesores que luego se vuelven una carga para el Estado. También hay que eliminar los dobles gastos como el Parlasur, Argentina por ejemplo tiene diputados y senadores como representantes en ese colegiado", manifestó.
Entretanto, Paredes insistió en que todos los excesos de las binacionales se deben recortar y destinar a gastos para salud, gastos sociales y pago de intereses de deuda.
"Con el salario de una persona con una función innecesaria que gana G. 30 millones, podés darle a 30 personas una ayuda de G. 1.000.000 para sacarlas de la pobreza extrema o invertir en una verdadera salud pública", opinó. El economista agregó que los funcionarios públicos deberían utilizar la salud pública, porque actualmente son beneficiarios de un servicio de salud privada que cuesta como US$ 100 millones al año a los contribuyentes.
"Los países desarrollados tienen mecanismos para sostener las crisis porque poseen infraestructura en salud y seguro de desempleo. Estos sistemas de seguridad social ya fueron pensados hace tiempo, lo único que nosotros debemos hacer es seguir esa senda", finalizó.
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