El pasado jueves el Senado aprobó el proyecto Ñane Energía, que establece la reducción de la tarifa de la Ande y según los legisladores que lo presentaron (PLRA-FG-PDP-Otros), beneficiará a 96% de los actuales usuarios. Además, plantea un descuento de entre 15% y 90% de los precios vigentes, dependiendo del volumen de consumo.
“No se trata de ningún subsidio, sino de ordenar los gastos de las hidroeléctricas, donde hay un presupuesto importante y funcionarios privilegiados que ganan mucho más que un funcionario de otras instituciones”, expresó Alegre, quien resaltó que se usará US$ 150 millones de los gastos sociales de las binacionales, de los cuales entre US$ 40 millones a US$ 50 millones corresponden a Yacyetá y lo restante a Itaipú.
Según el artículo N°8 del proyecto aprobado en Senadores, las binacionales deben transferir anualmente a la Ande la suma de US$ 150 millones de los gastos de responsabilidad social y ambiental, 15% de Yacyretá y 85% de Itaipú, así como la reducción de gastos superfluos gerenciales, viáticos y desplazamientos de personal superior.
Alegre aclaró que la tarifa social y la reducción de la tarifa de consumo son apenas un aspecto que debe incluir una política energética basada en un modelo desarrollista y distinto al que rige. Otros puntos necesarios para cambiar el modelo energético vigente son la generación de condiciones cómodas para la inversión y el uso estratégico para la creación de empleo.
“No hay que concentrarse solamente en las tarifas residenciales sino también en la industria. Ahora por ejemplo tenemos una crisis en Tobatí porque a partir de abril van a incorporar al sistema eléctrico un medidor y por el que tienen que pagar G. 4 millones, usen o no la energía. Esto genera una crisis en el sector olero y en las pequeñas empresas de Tobatí”, reveló.
Asimismo, Alegre resaltó que la reducción tarifaria también influirá directamente en las empresas pequeñas y medianas, las cuales serán beneficiadas en términos de costos y, a la vez, consideró a la aprobación como un paso importante para las negociaciones del 2023 del Anexo C de Itaipú.
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Mirada crítica
Uno de los críticos de este proyecto fue el senador Stephan Rasmussen, quien informó que desde las comisiones de Hacienda, Legislación y Cuentas y Control coincidieron que había que analizarlo más en varios aspectos. “Por un lado están los gastos sociales de las binacionales, en general, lo que se aprobó en el Senado es imposible porque estos gastos se hacen por proyecto y se aprueban anualmente, no es un monto fijo que se tiene año a año del cual la Ande pueda disponer de manera segura”, sostuvo Rasmussen.
El legislador acotó que estos gastos sociales probablemente terminen en 2023 –año de la revisión del Anexo C–, entonces, esto ubica a Paraguay en una situación desfavorable con Brasil por solicitarle dinero hasta el 2023, lo que podría ser una especie de “moneda de cambio” para beneficio de los brasileños.
“Otro punto que no se llevó en cuenta es que la Ande debe cambiar 1.200.000 medidores valuados en US$ 60 millones para mejorar la distribución de energía. Ese monto más los US$ 150 millones anuales que se pretende subsidiar es dinero que no existe. Hay demasiadas aristas que quedaron sin resolverse antes de la aprobación”, manifestó Rasmussen.
En cuanto al dinero de los gastos sociales, Rasmussen apuntó que el monto récord de los proyectos para este tipo de gasto en Itaipú fue de US$ 50 millones y para la reducción de las tarifas los proyectistas hablan de US$ 150 millones anuales.
“Ahora debe tratarse en Diputados y tienen 90 días para tratar, pero algo importante es que el miércoles pasado ya trataron un proyecto de energía que también fue aprobado en general. Por lo que hay dos proyectos pendientes a tratar, uno en Diputados y otro en Senadores”, concluyó Rasmussen.
@ ¿Quién debería enterarse de esto?
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