La Ley N° 3585/08 que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas determina que mínimamente el 5% del plantel debe estar integrado por personas con algún tipo de discapacidad, sin embargo, Cabezudo aseguró que para que los grupos más vulnerados –personas con discapacidad intelectual, visual y auditiva de nacimiento– puedan tener inserción, se deben hacer llamados específicos. “Si no queremos que un universitario que quedó con un problema de motricidad en el brazo compita con un muchacho con síndrome de Down por el mismo puesto, en situación de desventaja, entonces tenemos que realizar llamados específicos”, explicó
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las 409 instituciones públicas, solo 24 cuentan con ese 5% de personas con discapacidad, que representa el 5,9% de las instituciones. Mientras que 153 (37,6% de las instituciones) no poseen dentro de su plantel con alguna persona con discapacidad.
El 67,24% (1.246 funcionarios) de personas con discapacidad empleadas por el Estado, son varones, mientras el 32,76% (607 funcionarias) son mujeres. Según el último informe de la SFP de julio 2018, falta incorporar 13.645 personas con discapacidad de las 15.498 personas estimadas.
Para conocer algunos casos de países de la región, Hugo Rojas de Incluyeme.com, nos relató algunas políticas a nivel Latinoamérica sobre empleo inclusivo, específicamente sobre beneficios impositivos, exoneraciones fiscales y preferencias en productos. Cabe destacar que Incluyeme.com es el primer portal de empleo inclusivo de Latinoamérica.
El Estado argentino brinda beneficios impositivos para las empresas que contratan personas con discapacidad, en Paraguay también existe una ley, pero aún no está reglamentada.
Las empresas constituidas en Argentina pueden deducir sobre el 70% sus impuestos a las ganancias o sobre los capitales. Por otro lado, los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado gozan de la exoneración del 50% de las contribuciones patronales al sistema de previsión por el período de un año (Ley N° 22.431- Del Sistema de Protección a la Persona con Discapacidad, modificada por la Ley N° 23.021 - artículo 23).
Entretanto, en Perú también ofrecen estímulos fiscales a las empresas, por ejemplo dan el beneficio de que los empleadores disminuyan el porcentaje de los impuestos que pagan, brindan créditos preferenciales o financiamiento a mipymes que emplean a personas con discapacidad. Además, dan créditos preferenciales o financiamiento a las mipymes integradas por personas con discapacidad, bajo regímenes especiales, procedentes de organismos financieros internacionales o nacionales. Asimismo, dan preferencia de compra y/o contrataciones a estas mipymes.
Labor de las empresas
“Creo que los empresarios tienen el desafío de prepararse si quieren apostar a la inclusión laboral, tienen que sensibilizar a los compañeros de trabajo y hacer análisis de puestos para que las personas con discapacidad no tengan dificultades para trabajar”, afirmó Cabezudo.
Según la directora de la Fundación Saraki, lo primero que deben hacer las empresas es compartir sus casos de éxito de contrataciones a personas con algún tipo de discapacidad con otras entidades del sector privado.
De igual manera, recalcó que para incluir a las personas que tienen discapacidad intelectual hay que hacer que los llamados específicos sean realmente para los grupos más vulnerados y ley debería establecer cupos mínimos por discapacidad, “que por lo menos haya un 10% por cada tipo de discapacidad en una institución pública o empresa. En España se manejan así, esto asegura el ingreso de todos”.
“Deberíamos romper con los prejuicios entorno a la contratación de personas con discapacidad, el sector empresarial no debe sorprenderse con la capacidad que tienen estas personas, porque a pesar de que posean una discapacidad, no están impedidas para cumplir funciones determinadas”, exclamó Teo Urbieta, miembro de la comisión de Parigual.
Urbieta coincidió con la importancia de que las empresas que ya están practicando la inclusión laboral compartan sus experiencias exitosas. “Las organizaciones de las sociedad civil y el Estado deben concientizar a las personas para que puedan romper mitos. Más allá de que se den incentivos económicos para empresas, lo que estamos perdiendo son oportunidades de que la sociedad tenga un beneficio”, finalizó.
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