El proyecto se centra en la modificación de varios artículos del Código Laboral relacionados con las cargas horarias, dado que actualmente existen diferentes regulaciones para el sector privado. Estas incluyen la carga horaria mayoritaria, la de los trabajadores rurales y la de las trabajadoras domésticas, cada una con disposiciones distintas.
La propuesta busca reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, permitiendo al empleador distribuirlas según su criterio. Esto podría implicar, por ejemplo, jornadas de lunes a sábado de 6 horas y 40 minutos diarias o, alternativamente, de lunes a viernes con jornadas de 8 horas, dejando el fin de semana libre para el descanso.
A nivel regional, Argentina permite una jornada máxima de 48 horas semanales; Brasil tiene 44 horas semanales, aunque varía según cada estado; Chile establece 45 horas semanales, y Uruguay decreta un máximo de 48 horas semanales. Esto puede variar de una industria a otra.
Oviedo detalló que diversos países implementaron esta modalidad de manera exitosa. Uno de ellos es Chile, que está ajustando el horario de manera escalonada. “Chile está bajando, creo, dos horas por cada año. Fue una reducción escalonada, que también así nosotros lo planteamos aquí”, añadió.
¿Qué dicen los empresarios?
Joaquín González, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), expresó su preocupación respecto a la propuesta. Según González, el 30% de los trabajadores en Paraguay tienen un empleo formal, mientras que el 70% restante se encuentra en la informalidad. Por ello, considera prioritario abordar este problema antes de implementar cambios que, a su juicio, podrían incrementar aún más el nivel de informalidad laboral.
“No se legisla para todo el país ni para la mayoría de las empresas, que no son 100% formales”, afirmó. Además, subrayó la necesidad de trabajar hacia una formalización total antes de discutir otras reformas laborales.
Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitieron un comunicado rechazando la iniciativa. “Si bien los argumentos esgrimidos a favor de esta propuesta pueden interpretarse como nobles y bienintencionados, su implementación representaría una sentencia de muerte para numerosas mipymes formales, además de incentivar aún más la informalidad”, indicaron en su pronunciamiento.
Desde la UIP señalaron que la economía del país ya enfrenta una serie de desafíos, como la tecnología, la automatización, la necesidad de alta capacitación y el acceso limitado a financiamiento competitivo, entre otros inconvenientes que colocan a la industria nacional en una situación de vulnerabilidad permanente.
Consideran que estas medidas podrían incentivar la informalidad, creando brechas que afectarían la productividad y la competitividad nacional.
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