“Este proyecto busca mejorar la cultura de pagos en el Estado, que obviamente no cambiará por una normativa, pero sí instalará el tema. Una de las principales trabas para la participación de las mipymes en licitaciones es que no pueden aguantar los plazos del sector público”, explicó Cristian Sosa, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy).
Dos de los puntos más relevantes del proyecto son abordados por los artículos N°6 y N°9, que establece la generación de responsabilidades al funcionario encargado del pago en caso de que no se cumpla el plazo de 30 días y prohíbe que los pagos se realicen con crédito fiscal. “Hay que sumarle ciertas particularidades a las trabas que pone la administración pública en lo que respecta a pago, como que por ejemplo desde diciembre hasta febrero no se ejecutan desembolsos”, agregó.
En complemento, el directivo señaló que es compresible que existan mecanismos burocráticos para mejorar la transparencia, sin embargo, aseveró que se requiere de una reglamentación distinta para fomentar la participación en las compras públicas de las empresas con menor tamaño de facturación. Por otro lado, puntualizó que aparte de que las mipymes sean perjudicadas por la demora en los pagos por los bienes y servicios prestados, el Estado también termina cargando con mayores costos.
En la investigación El Costo de la Duración de los Pagos de las Contrataciones Públicas, elaborada con datos de Hacienda por especialistas paraguayos y la organización de cooperación internacional Hivos, determinaron que el 92% de los proveedores de un universo de 377 recibieron sus pagos en más de 30 días.
Dicho registro se dio entre 2011 y 2017 y los investigadores reportaron un sobrecosto creado por los retrasos en torno a los US$ 142.3 millones, un valor similar al 0,098% del PIB. El estudio concluyó que de haberse pagado en 30 días los pagos tomados como referencia, los costos se podrían reducir en un 56% (US$ 81.1 millones).
Solo 11% de las empresas que contrata el Estado son pymes
Según el diputado y proyectista del proyecto de Pago Oportuno, Sebastián García, de las empresas que contrata el Estado solo un 11% son pymes, lo que consideró contradictorio porque representan un porcentaje grande de la economía del país. “Si las pymes proveen al Estado, ya sea con intermediarios o por tener algo de espalda, igualmente se genera un costo financiero más elevado para el Estado, puesto que aumenta el costo del producto para soportar los plazos”, concluyó.
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