El superintendente de Valores del BCP, Joshua Abreu, confirmó que la propuesta legislativa fue elaborada con asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y pretende simplificar los procesos para los inversores y abogados, paraguayos y extranjeros, que operan en el mercado local.
"La idea es tratar de sacar todo lo que serían los arbitrajes regulatorios, así como el agujero que había antes para los actores del sistema y, a su vez, fortalecer al potencial inversionista", manifestó Abreu. Cómo ejemplo, añadió que actualmente la ley dice que ninguna administradora de fondos puede invertir en sus propios fondos, operación que otros mercados sí permiten. Con la normativa nueva buscan acercarse a los modelos de referencia que tiene el mercado local, como serían los mercados chileno, español, peruano y mexicano.
En lo que respecta a regulaciones de interés, más vinculadas al sector público, la potencial legislación incorporaría la participación de las municipalidades en el mercado de valores. Abreu agregó que establecerán más exigencias a emisores del perfil municipal para evitar episodios de incumplimiento de las obligaciones.
Actualmente, las municipalidades de Fernando de la Mora y de Villa Elisa evidencian dificultades para abonar el capital e interés de sus bonos. Está situación preocupa a los inversores y tenedores de instrumentos financieros. En el caso de la Municipalidad de Fernando de la Mora, el valor total adeudado asciende a G. 518 millones, con vencimiento original establecido para este agosto. Asimismo, la Municipalidad de Villa Elisa cuenta con un valor total adeudado de G. 906 millones, que debía ser pagado también este mes.
La relevancia del proyecto de ley se refleja en los US$ 7.240 millones aproximadamente al que llegaría el volumen negociado en bolsa local al cierre de este año.
Otros puntos
El borrador del proyecto presenta varios focos. Uno de ellos se relaciona con la identificación de las “personas vinculadas” y los “niveles de vinculación” a instrumentos que conforman el mercado de valores.
La ley obligará a las personas vinculadas a actualizar su información para que la Superintendencia de Valores pueda controlar los diferentes instrumentos, además de la potestad de requerir de los supervisados y de sus socios toda la información necesaria para evaluar la posible calificación como personas vinculadas, incluso la referente a sus acreedores y deudores.
Otra función que podría cumplir la Superintendencia de Valores es la de requerir a cualquier persona información necesaria para la identificación de beneficiarios finales y efectuar análisis de conglomerados en coordinación con otras superintendencias. Este aspecto es fundamental para evitar que el sistema sea utilizado para lavar dinero y distorsionar el negocio.
Según el presidente de Cadiem Casa de Bolsa, César Paredes, todavía se tomarán el tiempo para leer el proyecto de ley en su totalidad, pero adelantó que podrían enviar recomendaciones dentro del plazo de un mes establecido por el BCP.
En líneas generales, opinó que es positivo que la iniciativa para unificar todas las legislaciones que hoy tienen incidencia en el negocio bursátil.
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