¿Qué pasó con los US$ 1.600 millones de la Ley de Emergencia?

Según el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, hasta el momento el Estado emitió bonos por US$ 1.000 millones y recibió un préstamo del Banco Mundial (BM) de US$ 20 millones, dejando un saldo de US$ 580 millones que el Gobierno tiene disponible para utilizar sin tener que volver a aprobar otra ley en el Congreso. Aparte de estos recursos, el Banco Central del Paraguay (BCP) hizo un adelanto a corto plazo de US$ 500 millones que está a disposición del Ejecutivo y que debe ser devuelto cuando se desembolse parte del saldo de US$ 580 millones que permite la Ley de Emergencia.

“Si el Ejecutivo necesita realizar ejecuciones utilizará el adelanto del BCP que luego será devuelto con préstamos de multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aún están en gestión”, explicó Llamosas.

El viceministro indicó que en el marco de la Ley de Emergencia se transfirió US$ 620 millones aproximadamente de los recursos disponibles; US$ 100 millones al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), US$ 100 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) para el subsidio por contratos suspendidos, US$ 150 millones para el programa Pytyvõ al Banco Nacional de Fomento (BNF) −de los cuales ya se usó US$ 100 millones−, US$ 4 millones al Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), US$ 18 millones para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), US$ 20 millones para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), US$ 20 millones a la Essap para infraestructura sanitaria y US$ 208 millones aproximadamente para potenciar los programas Ñangareko, Adultos Mayores, Tekoporã y cubrir el déficit de algunas cajas jubilatorias que comúnmente se cubrían con la recaudación tributaria.

El Gobierno habilitó una plataforma llamada Rindiendo Cuentas para que la ciudadanía acceda a información sobre el uso de dinero público en el marco de la gestión de emergencia sanitaria.

En lo que respecta a los US$ 1.020 millones de deuda real que contrajo el Estado, la línea de crédito recibida del BM posee nueve años de gracia y es reembolsable en 31 años, mientras que el bono de US$ 1.000 millones tiene un plazo de 10 años con tasa de interés anual de 4,95%. Por otro lado, aún no se conocen los detalles de los préstamos en gestión con la CAF y el BID pero es un hecho que las tasas y plazos serán más flexibles.

Cabe resaltar que la primera emisión de bonos -incluida en el PGN 2020- fue US$ 450 millones a 30 años con interés anual de 4,4%, lo que implica un pago anual de US$ 16.8 millones si solo se abona el interés, un monto menor a la cuota del bono de US$ 1.000 millones emitido en el marco de la Ley de Emergencia, que ronda por los US$ 45 millones.

Reactivación: se evitará la deuda

"Se estuvo trabajando con el Equipo Económico Nacional las principales líneas de acción para el plan de reactivación y el primer eje tiene que ver con la inversión pública para generar empleo, acelerando proyectos del MOPC, la Ande y otros", señaló Llamosas, quien además afirmó que estiman un monto de US$ 1.200 millones para obras públicas financiadas con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) como el bono de US$ 450 millones emitido a comienzo del año.

Otra de las líneas de la reactivación es continuar con los subsidios de protección social extendiendo el programa Pytyvõ de una manera más focalizada y utilizando los saldos de los recursos transferidos en el marco de la Ley de Emergencia. Los US$ 300 millones del Fondo Social y los US$ 100 millones asignados a IPS no se utilizarían del todo, según Llamosas, por ende, el remanente se usará para asistir a los más vulnerabilizados.

Con el redireccionamiento de recursos del PGN y la Ley de Emergencia se llega a los US$ 1.300 millones aproximadamente de los US$ 2.000 a US$ 2.500 millones que costará la reactivación económica. "El tercer pilar es el financiamiento del sector productivo, en el Congreso está un proyecto para ampliar el Fogapy y que el sistema financiero continúe entregando recursos al sector productivo”, comentó.

El proyecto mencionado por Llamosas es el del diputado Carlos Núñez Salinas, el cual busca aumentar las garantías del Fogapy con recursos de un endeudamiento de US$ 330 millones, de los cuales US$ 270 millones corresponderían a un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y US$ 60 millones del Fonplata. "Aparte de estos tres ejes se está buscando crear un fondo de garantía para la vivienda y que el sector financiero privado tenga un rol más activo. Lo que se discute es usar la liquidez e instrumentos de fondeo del BNF y la AFD”, subrayó.

El desafío del pago de deuda

Llamosas aseguró que el endeudamiento público total está en torno al 29% del PIB, pero disminuye a 27% si se descuenta la deuda de la Industria Nacional de Cemento (INC) con la Ande y el bono perpetuo emitido hace unos años para pagar al BCP por rescatar a los bancos de la crisis financiera de los años 90. "Según organismos internacionales y estudios propios, estamos aún en niveles sostenibles de endeudamiento. La franja de Paraguay está entre el 30% y 40% del PIB", acotó.

La calificadora de riesgo Moody’s indica que la deuda pública de los países latinoamericanos luego de la pandemia será de 54% en relación al PIB en promedio. “El servicio de la deuda aumentará por los US$ 1.000 millones emitidos en bonos porque al recibir estos recursos ya se paga la primera cuota en el primer semestre en este caso serían US$ 45 millones”, recalcó.

Asimismo, el viceministro reveló que antes de la pandemia se pagaba entre US$ 350 millones y US$ 400 millones anuales solo en concepto de intereses. Al consultar con Llamosas si el aumento del servicio de la deuda impedirá invertir en el desarrollo del país, respondió: “Lo gastado para hacer frente a la pandemia y las obras incluidas en la reactivación representan necesidades históricas del sistema de salud y de infraestructura”.