Como lo indica el comunicado de la Unión Europea, con esta aprobación el Parlamento busca “impulsar la sostenibilidad de la región promoviendo la reutilización y las reparaciones, y abordando las prácticas que acortan la vida útil de los productos”. Si bien el derecho a reparación no solo involucra a la industria de la tecnología, este sector es el más comprometido, teniendo en cuenta que el 2019 alcanzó un récord de 53.6 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo, según el informe The Global E-Waste Monitor, que ubica a Europa como el tercer mayor contaminante.
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El plan de acción fue aprobado por 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones. De esta manera, los eurodiputados solicitan a la Comisión otorgar a los consumidores la posibilidad de reparar sus dispositivos “haciendo que las reparaciones sean más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o mejorando el acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”, reza la publicación del organismo.
A la vez, los parlamentarios instan a aumentar el apoyo a los mercados de productos de segunda mano, implementar medidas respecto a las prácticas que acortan la vida útil de un producto, y respaldar la producción sostenible. Al mismo tiempo, los eurodiputados reiteraron su demanda de un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos, mientras exhortan a que los productos lleven etiqueta con información clara y precisa sobre su durabilidad.
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La iniciativa de la Unión Europea no solo busca eliminar la brecha de carbono de la región sino también facilitar la transparencia al garantizar a los consumidores la posibilidad de conocer el producto que adquirirá. Del mismo modo, se trata de una resolución que empujará a la industria tecnológica a proporcionar las herramientas para la restauración de dispositivos y a desechar viejas prácticas.
“De acuerdo a una encuesta del Eurobarómetro, el 77% de los ciudadanos de la UE preferirían reparar sus dispositivos a reemplazarlos, en tanto que el 79% piensa que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación de dispositivos digitales o la sustitución de sus piezas individuales”, señala el comunicado. Tras la aprobación del plan y las recomendaciones de los parlamentarios, el siguiente paso consiste en el desarrollo de las normativas y la adopción en el derecho interno de cada Estado miembro.
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