Regulaciones a MUV y Uber, de la polémica al papel

En Chile, Colombia, Ecuador e incluso España están inmersos en debates que giran en torno a las nuevas tecnologías como Uber, la situación de los taxis y las regulaciones sobre el transporte. Posiblemente aquí en Paraguay estemos un poco menos avanzados en la profundidad de las discusiones, entonces, es mejor que vayamos concientizandonos de que aún hay mucho camino por recorrer.

La situación está así: actualmente existe un proyecto de ley, presentado por los senadores Tony Apuril y Patrick Kemper, que establece que las empresas y conductores que operen bajo la modalidad de transporte similar a Uber y MUV estén inscriptas en el Registro de Empresas de Contratación Digital de Transporte Alternativo de Personas (RECDTAP), organismo que será dependiente del Viceministerio de Transporte del MOPC y la Dinatran. Entre otros puntos, el proyecto determina que los conductores de las plataformas deberán contar con licencia de conducir de categoría profesional básica, además de no poseer antecedentes penales ni policiales.

También indica que cada vehículo que preste este tipo de servicio alternativo (concepto que para algunos juristas es discutible) deberá contar con un seguro de responsabilidad civil contra los daños ocasionados a terceros y aprobar la Inspección Técnica Vehicular (ITV). En otro apartado, el proyecto prohíbe a las municipalidades que exijan tributos, tasas o cánones adicionales a las ordinarias aplicadas a servicios similares.

Para hoy los proyectistas de la iniciativa convocaron una audiencia pública a las 13:00 para debatir abiertamente los puntos del documento. Sin embargo, en lo que respecta a la legislación municipal, según uno de los fundadores de MUV, Sergio Mura, este miércoles saldrá una ordenanza que estipula el pago de tributos comunales

“No tiene sentido porque si la Municipalidad de Asunción saca una regulación como esta, el resto de las municipalidades la replicarán y las empresas (MUV y Uber) tendrían que pagar el canon en cada municipio. Esto es prácticamente una medida para boicotear el negocio, por lo que no estamos conformes y vamos a apelar los puntos que consideramos que dificultan el desarrollo de nuestras actividades”, expresó Mura.

¿Corresponde que la municipalidad regule a MUV y Uber?

Como vimos, existe un proyecto de ley que impone la prohibición de tributos a las administraciones municipales, pero se proyecta desde la Junta Municipal de Asunción una normativa que incluye la aplicación de tributos para MUV y Uber. Sobre el tema, el abogado Jorge Vasconcellos citó el Artículo 168 de la Constitución Nacional que establece que la administración y fiscalización del tránsito, el transporte público y las materias referentes a la circulación de vehículos son competencia de los municipios, sin embargo las municipalidades comúnmente renuncian a esta atribución constitucional cuando permiten que el Congreso dicte leyes en materia de tránsito, transporte público y circulación de vehículos

Vasconcellos también mencionó la Ley N°608 del Sistema de Matriculación y la Cédula del Automotor, la Ley Nº1590/00 que creó la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), la Ley Nº5016 de Tránsito y Seguridad Vial como algunas de las leyes que aprobaron en el Congreso, siendo que las actividades pertenecen al ámbito municipal. “En esta oportunidad es posible que vuelvan a aprobar una ley para regular las operaciones de MUV y Uber y más adelante, si lo desean, podrían hacer lo mismo con los taxis”, agregó Vasconcellos.

Para el abogado la salida correcta para establecer las regulaciones de MUV y Uber es que la Ordenanza Municipal Nº26/92 –que regula el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler– sea modificada e incluya a este tipo de actividades como pasa con los taxis y remises. Asimismo, agregó que para que no se generen problemas a nivel nacional con las diferentes regulaciones que sufran las actividades de MUV y Uber, en cada municipio, solamente hay que establecer convenios intermunicipales.

Entretanto, recalcó que MUV y Uber son empresas de prestación de servicios de transporte y no empresas de transporte alternativo, como por ejemplo MUV se autodenomina oficialmente.

Diferentes regulaciones en Sudamérica

A nivel regional, el caso chileno sirve como fuente de información a la hora de ir diseñando las regulaciones correspondientes a MUV y Uber. Actualmente existe un proyecto llamado “Ley Uber” que contempla condiciones y sanciones para la operación de las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) y la implementación de un sistema de registro para estas aplicaciones y sus conductores.

Esta propuesta posee resistencia por parte de Uber, que afirma que al obligar a que los conductores cuenten con una licencia profesional hará que el 80% deje de manejar y que los precios se elevarían por la menor cantidad de oferta. El proyecto fue aprobado en general el 10 de julio en el Senado y en semanas volverá a tratarse artículo por artículo.

Entre otros puntos que incluye las regulaciones ponderadas por el proyecto están:

• Que las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) sean reconocidas como personas jurídicas que ofrecen un servicio (plataforma, sistema o tecnología) y permite a un usuario contactar con un conductor para ser trasladado desde un punto a otro.
• Serán consideradas como empresas de transporte remunerado de pasajeros.
• Que se cree un registro público con la información legal de empresas de transporte como Uber, otro con la de los conductores y otro para los vehículos que operan en las distintas EAT.
• Las empresas deben constituirse legalmente en Chile, contratar seguros de responsabilidad civil y de vida para los conductores y sus pasajeros y contar con un sistema para recibir reclamos y denuncias.
• Que los conductores tengan licencia profesional, que presenten sus antecedentes, que cumplan los mismos requisitos que los taxis y posean un distintivo para su identificación.
• Que el ministerio abra plazos de inscripción de tres meses cada año.
• Otro de los países que debate las reglamentaciones de transportes similares a Uber es Colombia, donde en agosto se reunirán representantes de Uber, los taxis y el Estado para resolver los impasses.

En Colombia ponen en duda la legalidad de Uber pero el peso de los negocios de la empresa obliga a crear normas para no desaprovechar las oportunidades que abre para los colombianos.  Allí los aportes al fisco que realiza Uber son importantes, así como la incidencia que tiene en el combate contra la desocupación, dos elementos que no se pueden descartar tan fácilmente.